En medio de la controversia sobre la reforma pensional (Ley 2381 de 2024) y las demandas interpuestas ante la Corte Constitucional, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de la normativa, refutando los argumentos de la oposición que señalan la falta de debate en el Congreso.
Petro respaldó su postura en una reciente columna del jurista Rodrigo Uprimny, publicada en El Espectador, en la que el experto en derecho constitucional argumenta que no hubo irregularidades en el proceso legislativo.
«La reforma tuvo un debate profundo y extenuante»
Según el jefe de Estado, la tesis sobre un vicio de trámite carece de fundamento, ya que la reforma pensional fue ampliamente discutida durante dos años en el país, tanto en el Congreso como en la opinión pública.
«Con mucha sabiduría jurídica, el constitucionalista Uprimny desmonta con argumentos la tesis de la irregularidad por ausencia de debate (…). La Cámara, al adoptar el texto del Senado en su último debate, impidió la formación de un comité de conciliación convocado exclusivamente por Iván Name, quien jamás lo iba a convocar», afirmó Petro.
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Petro acusa a la oposición de obstrucción parlamentaria
El mandatario también denunció que la oposición no ha actuado con argumentos sólidos, sino que ha recurrido al filibusterismo, una práctica de obstrucción legislativa utilizada para impedir la aprobación de proyectos de ley.
«El sabotaje de la oposición a las reformas del Gobierno no ha sido argumentativo, sino puro y simple filibusterismo (…). Ponerse a gritar desesperadamente, durante horas, para impedir una votación que la mayoría quiere aprobar, no es democracia, es falta de ideas y un golpe antidemocrático contra el Congreso y el pueblo», enfatizó.
Además, señaló que figuras como Iván Name y la actual vicepresidenta de la Cámara han utilizado maniobras para frenar el debate y evitar la decisión de las mayorías, lo que, según él, atenta contra el principio democrático del Congreso.
La decisión final está en manos de la Corte Constitucional
El futuro de la reforma pensional sigue en incertidumbre, ya que la Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre las demandas que piden su anulación.
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