Desde Ocaña, Norte de Santander, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado directo a los miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que operan en la región del Catatumbo, instándolos a separarse de sus comandantes, a quienes acusó de estar vinculados al narcotráfico y alejados de cualquier propósito revolucionario.
El mandatario cuestionó la transformación de la guerrilla en un grupo con prácticas paramilitares, señalando que su accionar ha afectado principalmente a la población civil. «Su forma de acción ya no es la de antes, son como paramilitares. Y eso fue lo que hicieron en este territorio: matar al pueblo», afirmó.
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Conflicto y narcotráfico: el centro de la crisis
El presidente Petro denunció que la situación de violencia en el Catatumbo ha dejado más de 80 civiles muertos y alrededor de 42.000 desplazados, lo que, a su juicio, pone en riesgo la soberanía nacional.
“El ELN, al empezar a financiarse con el narcotráfico, no actúa como guerrilla sino como paramilitar”, sostuvo, enfatizando que la organización ha estructurado una red de financiamiento denominada “EFER” (Estructura de Financiación y Economía para la Revolución), que en la práctica se ha convertido en un modelo de enriquecimiento ilícito basado en la producción y comercio de cocaína.
“Con cocaína no se hace ninguna revolución en ninguna parte del mundo”, subrayó el jefe de Estado, advirtiendo que el conflicto en la zona se sostiene por el narcotráfico y no por objetivos ideológicos.
Llamado a la desmovilización y estrategia de seguridad
Petro invitó a los combatientes del ELN a seguir el ejemplo de los 112 exintegrantes del Frente 33 de las disidencias de las FARC, quienes recientemente se acogieron al proceso de desmovilización. “Aquí hay un pedazo que en medio de la catástrofe es positivo, y hay que profundizarlo”, dijo, alentando a más grupos a dar “ese paso audaz”.
Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, detalló que la estrategia de seguridad para la región, denominada “Operación Catatumbo”, cuenta con 9.352 integrantes del Ejército y 795 efectivos de la Policía, incluyendo 226 uniformados enviados desde Bogotá.
“Nuestra prioridad es devolverles la confianza y tranquilidad a las comunidades que han sufrido los estragos de la violencia. No descansaremos hasta lograrlo”, afirmó Velásquez.
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