Una nueva crisis diplomática estalló entre Perú y Colombia, esta vez por un conflicto territorial en la isla Chinería, ubicada en el distrito de Santa Rosa de Loreto, una zona estratégica del triángulo amazónico donde confluyen las fronteras de Perú, Colombia y Brasil. El detonante fue la detención de dos ciudadanos colombianos que, según las autoridades peruanas, realizaban actividades de georreferenciación sin autorización.
En respuesta, el Gobierno del Perú emitió un comunicado oficial de protesta, en el que no solo rechaza las recientes declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, sino que confirma la apertura de una investigación penal contra los detenidos por el delito de atentado contra la soberanía nacional.
Los colombianos, identificados como Jhon Wilington Amias López y Carlos Fernando Sánchez Ortegón, fueron interceptados por efectivos de la Policía Nacional del Perú en la isla Chinería, donde se encuentra el pueblo de Santa Rosa.
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Ambos estaban realizando labores técnicas con equipos GPS cuando fueron sorprendidos por las autoridades. Según la versión de los detenidos, fueron enviados por el Gobierno colombiano para realizar mediciones, sin saber que requerían un permiso especial para operar en territorio peruano.
“Solo nos enviaron a tomar mediciones, no sabíamos que era necesario un permiso especial”, declaró uno de los topógrafos a medios locales, restando intencionalidad política a sus acciones.
Sin embargo, para el Gobierno del Perú, estos hechos no son aislados ni inocentes. En su comunicado del 13 de agosto, la Cancillería expresó su “más firme y enérgico rechazo a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, que pretenden desconocer la soberanía peruana sobre la isla Chinería”, y denunció una “sucesión de actos de provocación” por parte de ciudadanos colombianos en la zona fronteriza.
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