ERNESTO CARDOSO CAMACHO
El mundo sigue expectante acerca de la amenaza que significa el conflicto bélico entre Israel, Irán y Estados Unidos; el cual podría extenderse no solamente hacia el oriente medio si no también por la eventual vinculación de Rusia, China y Corea del Norte; con implicaciones de alto riesgo hacia Europa.
La geopolítica de alto contenido económico propiciada por el gobierno Trump que parece estar dispuesto a recuperar el liderazgo mundial de su país; el cual ha estado menguado por el crecimiento de China que avanza con su eficaz política de nuevo imperialismo económico, mediante inversiones en infraestructura, agroindustria y minería, extendidas incluso al continente americano.
La amenaza nuclear es ahora el gran riesgo que motiva el nuevo conflicto que esconde las verdaderas intenciones de las principales potencias económicas generadas tras la globalización.
Mientras ello ocurre en el escenario de la aldea global, en Colombia la polarización ideológica con altas dosis de fanatismo político, amenaza la estabilidad institucional sobre la cual se ha construido el régimen jurídico del Estado Social de Derecho, claramente establecido en la Carta del 91, donde la separación de poderes constituye su piedra angular.
Venimos de la propuesta gubernamental de una Consulta Popular utilizada para presionar al congreso; de la amenaza del “golpe blando” ocasionado por la investigación del CNE sobre la financiación de los gastos electorales de la campaña presidencial; y ahora estamos abocados a la insólita e inoportuna discusión que ha generado el presidente con su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente.
En medio de estos acontecimientos, ocurre el vil atentado contra Miguel Uribe Turbay y ahora estamos a la expectativa de si el juicio político contra el expresidente Uribe concluye en condena o absolución. La cascada de sucesos que impacta nuestra realidad social e institucional, pasa también por el crecimiento de la violencia y los altísimos niveles de inseguridad que agobia a todos los ciudadanos en buena parte del territorio nacional.
La temperatura de las sensaciones ciudadanas se ve altamente estimulada por las redes sociales que se han convertido en el epicentro de la aguda polarización.
Sobre este escenario lamentable es indispensable que cada ciudadano, pero principalmente los actores sociales y políticos; desde luego empezando por el presidente y los dirigentes de los partidos; recuperen la sensatez y la capacidad de bajarle al tono de sus manifestaciones verbales las cuales inciden en estimular la intolerancia que se percibe a flor de piel.
Una cosa es que se expresen las convicciones y otra muy distinta es que se busque aplastar al contrario que disiente de las mismas, pues es indiscutible que en ese respeto a las opiniones divergentes es que radica la esencia de la democracia y de la sana convivencia.
Pues bien. Una vez más es evidente que en la relación indisoluble entre derecho y política, las normas constitucionales y legales son las que fijan los límites de tal relación, en el claro propósito de actuar como el eje que equilibra y garantiza la vigencia de la institucionalidad democrática.
La Corte Constitucional es sin duda alguna en este escenario, la más trascendente figura institucional que, con su jurisprudencia y doctrina, permite y señala las competencias y límites con que deben actuar las demás instituciones del Estado de Derecho.
La política y sus actores están obligados a respetar y acatar sus decisiones. Su reciente pronunciamiento, en relación con la falta de competencia del CNE para involucrar la responsabilidad del presidente sobre la presunta irregular financiación de la campaña electoral; demuestra que el ruido fue infundado, que no había tal “golpe blando” y que en consecuencia se utilizó de manera irresponsable por los protagonistas de la polarización generada al respecto, una estrategia política que puso en alto riesgo la estabilidad institucional.
Ojalá los sucesos que están en curso, es decir; el resultado judicial sobre los autores intelectuales del cobarde atentado al precandidato Miguel Uribe Turbay; la discusión sobre la viabilidad constitucional del presidente para convocar a través de la decisión popular una Asamblea Constituyente; así como el resultado del juicio al expresidente Uribe; no terminen siendo utilizados para incrementar las bajas pasiones ideológicas o políticas, con las cuales no solamente se amenace la estabilidad institucional de nuestra frágil democracia, si no que trasciendan a eventos de violencia física que enfrente a tirios y troyanos, con resultados impredecibles para la población colombiana.
Al respecto conviene recordar el viajo adagio popular “quien siembra vientos cosechará tempestades”.
