Carlos Yepes A.
La agenda sobre el tema de los peajes ha cobrado vigencia nuevamente tras la presentación del Proyecto de Ley 127 de 2023, el cual pretende regular aspectos relevantes que tienen que ver con la operación y el cobro de tarifas en los peajes de las vías concesionadas en el territorio colombiano.
Esta iniciativa legislativa establece medidas importantes en cuanto al alivio de congestiones en las carreteras, autorizando a la Policía Nacional y a las autoridades de tránsito a implementar “reversibles del tráfico” y el poder levantar temporalmente las barreras en los peajes ante trancones significativos. Igualmente plantea la posibilidad de establecer tarifas preferenciales para automotores que transiten con frecuencia por las vías cercanas a los municipios, en busca de mayor justicia social a la hora de los cobros. Igualmente promueve el uso de dispositivos electrónicos para agilizar el paso por las estaciones de peajes.
Muy a pesar de esto, en el Huila, existe hoy un enorme malestar y rechazo ciudadano por la aparente cercanía de los peajes instalados, resultando tener tramos muy cortos de peaje a peaje, lo que representa una limitante al desarrollo y la competitividad de la región afectando el desarrollo económico del departamento. La situación se agrava por estos días, al querer implementar un nuevo peaje sin haber concluido a satisfacción no más que un pequeño tramo de la Ruta 45.
El atraso y las demoras asociadas a las obras de la Ruta 45, generan incertidumbre y descontento social. Como huilenses debemos exigir, legítimamente la culminación de las obras dentro de los plazos estipulados, para así poder imponer nuevas cargas económicas a los que transitan por esta vía que es estratégica para unir el centro del país con el Ecuador. Resulta injusto cobrar peajes adicionales hoy dada la precariedad del servicio vial por esta ruta.
Esperamos que el Congreso de la República atienda esta realidad y se discuta el Proyecto de Ley 127 de 2023, de manera que nos garantice que las medidas allí aprobadas beneficien de manera efectiva al Huila y vengan acompañadas de compromisos claros para la finalización de las obras pendientes como es el caso del tramo de Pericongo.
La prioridad debe ser proteger los derechos de los huilenses, asegurando una movilidad digna, segura y justa, en lugar de aumentar aún más la carga económica que ya enfrentan diariamente. La comunidad debe ser escuchada para que se avance en soluciones reales y se respete el principio de equidad en el desarrollo de las infraestructuras viales del país.
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