Por: Johan Steed Ortiz Fernández
El acuerdo de paz de 2016 entre las FARC y el gobierno colombiano puso fin a un conflicto de cinco décadas y generó una reducción inicial de la violencia. Sin embargo, para algunos, este acuerdo estuvo mal hecho; para otros en cambio, lo que estuvo mal fue dejarlo a medias. El problema no fue la firma, fue la falta de voluntad para cumplir lo establecido.
Lo cierto es que, aunque imperfecto, significó para el Huila un respiro inicial con la desmovilización de varios frentes guerrilleros. Disminuyeron notablemente los enfrentamientos armados y zonas como Algeciras y La Plata experimentaron un retorno temporal a la tranquilidad. Sin embargo, la debilidad del Estado quedó expuesta con la falta de presencia institucional y la deficiente inversión social, permitiendo que las disidencias ocuparan rápidamente esos vacíos.
Programas fundamentales como la sustitución de cultivos ilícitos y el desarrollo rural han sido lentos y mal ejecutados, exacerbando el abandono estatal y dejando a las comunidades vulnerables ante estructuras criminales. Colombia ha visto una y otra vez cómo los discursos de paz chocan frontalmente con la realidad persistente de la violencia.
Hoy, lamentablemente, la “Paz Total” prometida por el presidente Gustavo Petro está fracasando estrepitosamente. Este fracaso tiene nombres propios, rostros inocentes y municipios nuevamente aterrorizados. El reciente atentado en La Plata, donde dos jóvenes hermanos, Luisa Fernanda y Sergio Trujillo Peña, perdieron la vida y más de 30 personas resultaron heridas, evidencia que esta violencia no respeta ni siquiera épocas sagradas como la Semana Santa.
Solo en los primeros cuatro meses de 2025, Colombia ha visto incrementos alarmantes en violencia: 14 masacres con 44 víctimas, combates que aumentaron un 71%, las operaciones militares incrementadas en un 70%, y delitos como el secuestro, la extorsión y el sicariato aumentaron entre un 20% y un 70%.
En el Huila, las disidencias de las FARC han expandido su presencia en municipios como Algeciras, Tello, Colombia, La Plata y zonas del sur del departamento, atraídas por rutas estratégicas y economías ilegales. A esto se suma la creciente presencia del ELN en el norte y movimientos esporádicos en el occidente del departamento, además del surgimiento de nuevas estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.
Como consecuencia, han aumentado los atentados contra la fuerza pública, las amenazas contra líderes sociales, y las restricciones impuestas a la población civil. El miedo se ha vuelto a instalar en las veredas, en los cascos urbanos y también en las empresas. Porque hay que decirlo, los huilenses tenemos miedo y nuestros empresarios también. El miedo ya no es solo al plomo, sino a la extorsión diaria, al silencio institucional, y a la incertidumbre de un Estado que parece haber perdido el control.
En vez de protegernos, el Gobierno Nacional abraza a los criminales y abandona a quienes trabajamos desde la legalidad. No se gobierna solo con discursos, ni se construye paz con pactos que premian al que más daño hizo.
Y como si fuera poco, ahora resulta que los congresistas del Huila sí están dolidos. ¡Qué conmovedor! Los mismos que durante años han trabajado más para sus electores que para el departamento, hoy sí alzan la voz, justo cuando los micrófonos apuntan a sus campañas.
Incluso la congresista Leyla Rincón, del mismo Pacto Histórico, ha salido a pronunciarse. Claro, está en modo electoral. Pero ¿dónde ha estado su voz en estos casi dos años de incumplimientos del Gobierno Petro con el Huila? ¿En qué momento se escuchó un reclamo firme, claro y sostenido por los compromisos que el presidente le hizo al departamento y no ha cumplido?
La ilusión de paz no puede seguir siendo vulnerada por políticas incapaces de gestionar eficazmente el diálogo y la seguridad con autoridad. Es urgente implementar estrategias claras y efectivas. No se trata de abandonar el diálogo, sino de fortalecerlo con acciones concretas de seguridad territorial, justicia y una presencia efectiva del Estado.
La Paz Total no puede seguir siendo solo un discurso presidencial desconectado de nuestra realidad. El Huila merece una paz auténtica, tangible y duradera, construida desde las comunidades y protegida contra la violencia, y, sobre todo, contra las falsas promesas.
Volver atrás no es una opción para el Huila. Es tiempo de enfrentar con seriedad este reto, de unirnos como huilenses, de alzar una voz unificada de rechazo frente a la violencia. Exijamos decididamente al Gobierno Nacional que proteja al Huila, que deje a un lado la desidia, la indiferencia, y que les dé a nuestros alcaldes y autoridades las herramientas necesarias para garantizar seguridad y desarrollo social.
Ojalá el rechazo a la violencia no se quede solo en comunicados de redes con fondo negro y letra blanca, y que las autoridades levanten su voz con la misma contundencia para convocar a la ciudadanía a recordarle al presidente Petro que el Huila sí existe, y que aquí también duelen los muertos.
Porque si no somos nosotros los que defendamos al Huila, nadie lo hará por nosotros.
