Este hecho ha puesto en alerta a las autoridades donde analizan la procedencia de estas vallas que alteró la tranquilidad de los campoalegrunos, donde se ha conocido que buscan expandirse por el territorio y que incluso algunos de los homicidios que han ocurrido en el departamento de Huila están asociados a la presencia de este grupo armado organizado residual.
DIARIO DEL HUILA, HUILA
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez
La Segunda Marquetalia es una de las facciones disidentes de las FARC que no se desmovilizó completamente tras los acuerdos de paz, algunos hechos recientes muestran que esta disidencia está intensificando su presencia y control en el Huila donde buscan expandirse.
Recientemente las autoridades dieron a conocer que en el municipio de Campoalegre fueron instaladas unas vallas alusivas a la Segunda Marquetalia en diferentes veredas.
“Tuvimos conocimiento por reportes del comandante de policía del departamento acerca de la instalación de seis pasacalles alusivos a la Segunda Marquetalia en la vereda Tres Esquinas, El Esmero, El Tabor y San Miguel, zona rural del municipio de Campoalegre, las vallas tienen un mensaje alusivo a este grupo armado, organizado residual”, reveló, Juan Carlos Casallas, secretario de gobierno del Huila.
Estos pasacalles se encuentran sobre las vías que comunican al perímetro urbano del municipio de Campoalegre con la zona rural y ya la fuerza pública se encuentra adelantando las verificaciones con el fin de realizar su desinstalación.
“El mensaje es la presencia y la que acción continua permanente de la fuerza pública para evitar la acción criminal de estos grupos armados organizados residuales en el territorio del departamento de Huila”, precisó Juan Carlos Casallas.
De acuerdo con el funcionario, se ha conocido que este grupo busca expandirse por el territorio y que incluso algunos de los homicidios que han ocurrido en el departamento de Huila están asociados a la presencia de este grupo armado organizado residual.
“Entendemos que tienen una muy alta movilidad, que están en un proceso de expansión territorial y por supuesto que esto demanda una acción mucho más contundente y más efectiva en contra de este y de los demás grupos armados organizados residuales que pretenden establecerse en el departamento del Huila”, enfatizó Casallas.
La Segunda Marquetalia es un grupo armado disidente de las FARC que se formó en 2019 por exmiembros que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. Se define como una organización político-militar comunista que busca instalar un gobierno de transición.
Las autoridades ya trabajan en la investigación de estas vallas, sin embargo, esto generó zozobra y angustia entre los residentes de Campoalegre, alterando la tranquilidad.
Al expandirse, la disidencia podría generar más desplazamientos internos, especialmente si las economías ilegales se expanden o si no hay protección real del Estado.
Las autoridades locales y nacionales necesitarán redoblar esfuerzos para contrarrestar el avance, lo que requiere recursos, inteligencia, políticas de prevención y reconciliación.
Si la disidencia logra imponer “reglas” locales o estructuras de poder paralelo, podría erosionar la autoridad estatal en zonas rurales, minando la confianza de la población en la institucionalidad.
En un momento en que algunos grupos armados están en conversaciones o con dinámicas de sometimiento, la expansión activa de una disidencia violenta puede complicar los escenarios de paz y reconciliación.
Ante este escenario, algunas medidas que podrían fortalecer la resistencia al avance de la Segunda Marquetalia en el Huila por eso se necesitaría mayor presencia institucional, no solo militar sino también, por ejemplo, con programas sociales, de desarrollo rural y de seguridad ciudadana para restablecer la autoridad legítima y ofrecer alternativas a la población local.
Las Fuerzas Armadas y la Policía necesitan inteligencia específica para desarticular células disidentes, garantizar operativos precisos y minimizar daños colaterales.
La Segunda Marquetalia no está solo operando en el Huila, está intentando consolidar un control territorial más profundo, con objetivos económicos, de poder social y militar. Su expansión representa un riesgo serio para la seguridad, la convivencia y el desarrollo rural en el departamento.
Para contrarrestar este avance, el Estado y la sociedad civil deben actuar con urgencia, no basta solo con operaciones militares. Se requieren estrategias integrales que combinen seguridad, desarrollo, protección ciudadana y fortalecimiento institucional. Si no se responde con decisión, el Huila podría convertirse en un punto estratégico clave para el fortalecimiento de esta disidencia, hecho que empieza a preocupar a la comunidad, sin embargo, las autoridades están alertas ante la posible expansión de este grupo para contrarrestar cualquier hecho que se registre.
Otros hechos
Recientemente se dio la captura a dos presuntos extorsionistas vinculados a la Segunda Marquetalia en Rivera, esto se dio en el desarrollo de labores investigativas adelantadas por el GAULA de la Policía Nacional en Neiva, donde fueron capturados dos presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Segunda Marquetalia, estructura Teófilo. Los procedimientos se realizaron mediante orden judicial y permitieron avanzar en el desmantelamiento de una red que afectaba la tranquilidad en el municipio de Rivera.
Los capturados, conocidos con los alias de “Juancho” y “Chago”, ambos de 22 años, serían los encargados de realizar amenazas y exigir pagos extorsivos a comerciantes, transportadores y otros gremios. Según las indagaciones, estos jóvenes utilizaban diferentes métodos de presión para obligar a las víctimas a entregar sumas de dinero.
El coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, reiteró que “el compromiso institucional con la seguridad de los huilenses. Señaló que este resultado operacional contribuye al fortalecimiento de la tranquilidad ciudadana al debilitar a grupos que afectan el orden público”.
De acuerdo con los avances de la investigación, los detenidos harían parte de una red con presencia delictiva en Neiva, Baraya, Santa María, Palermo, Yaguará, Aipe y Rivera. En estos territorios, presuntamente distribuían panfletos con citaciones extorsivas para ejercer control sobre la población. Asimismo, se investiga su participación en la quema de motocicletas como represalia contra quienes se negaban a pagar.
Ejército Nacional destruyó depósito de explosivos
En desarrollo de operaciones militares, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.9 Tenerife, orgánico de la Novena Brigada, con el apoyo de la SIJIN de la Policía y la Fiscalía General de la Nación, ubicaron y destruyeron de forma controlada un depósito ilegal de explosivos en la vereda San Francisco, municipio de Palermo, Huila.
Este depósito, según las primeras indagaciones pertenecería al grupo armado organizado residual (GAO-r) Bloque Central Isaías Pardo, Compañía Julián González, sería usado para atentar contra la Fuerza Pública, la población civil y el gremio de comerciantes locales, mediante la activación de artefactos explosivos improvisados con el fin de presionar el pago de extorsiones.
En el lugar se hallaron 26 minas antipersonal, 45 artefactos explosivos improvisados con sistema de activación por mecha de seguridad, 103 metros de cordón detonante de diferentes gramos, 67 metros de mecha de seguridad, 20 detonadores eléctricos y 40 jeringas.
El Ejército Nacional rechaza el uso de artefactos explosivos improvisados y minas antipersonal, acciones que vulneran el Derecho Internacional Humanitario y ponen en riesgo de manera indiscriminada a la población civil. Así mismo continuará adelantando operaciones que debiliten la capacidad delictiva de los grupos armados organizados residuales, reafirmando su compromiso de brindar seguridad y tranquilidad a los habitantes del departamento del Huila.
Fuerte llamado de la Defensoría
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se reunió con el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, el acalde de Pitalito, Yider Luna, el procurador regional, congresistas, autoridades y líderes de la región para analizar la situación que vive el departamento ante las crecientes vulneraciones de derechos humanos que enfrentan las comunidades, especialmente en la subregión del occidente y del sur
La principal solicitud que hacen las comunidades y las autoridades locales y regionales es que se garantice una presencia institucional efectiva en los territorios con inversión social del orden nacional.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, aseguró que “con preocupación seguimos advirtiendo graves vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que afectan a toda la población, pero particularmente a niños, niñas y adolescentes que están siendo víctimas de reclutamiento, uso y utilización en el departamento del Huila”.
También se han identificado múltiples casos de constreñimiento a líderes y lideresas comunales, quienes, a pesar de los riesgos que enfrentan por parte de los grupos armados ilegales con presencia en la zona, continúan resistiendo.
Actualmente, la Defensoría del Pueblo mantiene siete Alertas Tempranas vigentes para el departamento, en las cuales se ha advertido sobre la expansión de los grupos armados ilegales en el territorio. En la región hacen presencia permanente las disidencias del Estado Mayor Central, de la línea de Mordisco, que adelantan un proceso de consolidación territorial. Asimismo, se registra presencia del ELN, de las disidencias denominadas Estado Mayor de los Bloques, del frente de la línea de Calarcá, de la Segunda Marquetalia y Comandos de la Frontera.
La Defensoría del Pueblo reconoce los esfuerzos de las autoridades por atender las necesidades de las comunidades en las zonas focalizadas. No obstante, dichos esfuerzos requieren del respaldo del Gobierno nacional para asegurar las asignaciones presupuestales necesarias que permitan responder de manera efectiva a las urgencias y desafíos que enfrentan estos territorios.
“Quiero hacer un llamado prioritario, urgente, inmediato al Gobierno Nacional para que se sienta el respaldo institucional en la región y este respaldo se traduzca en inversión social urgente, que no dependa de largos procesos que a veces son demorados y que impiden la llegada del Estado y que permite implementar acciones concretas que resten la gobernanza creciente de los grupos armados ilegales y den legitimidad a la institucionalidad local y nacional del Estado Social de Derecho”. Concluyó la Defensora.
La Defensoría del Pueblo seguirá trabajando por la defensa integral de los derechos humanos y la búsqueda de soluciones estructurales que le den al departamento del Huila la tranquilidad y confianza que sus comunidades están reclamando.
