Ya son varios días en que algunas de las principales vías del país, y de nuestra región, permanecen bloqueadas por el paro arrocero. Esta protesta, completamente fundamentada, evidencia nuevamente una problemática entre el Gobierno y el gremio que, aunque válida y compleja, tiende siempre a resolverse llevando consigo miles oportunidades construidas con mucho esfuerzo por productores y pequeñas empresas que apuestan por la región.
Antes en analizar las razones, adentrémonos en el contexto. Entre el Huila y el Tolima se concentra un poco menos de la mitad de la producción de arroz de Colombia, y esta radiografía es clave para comprender que la división entre el Gobierno y el gremio tiene repercusiones principalmente en los habitantes de estos dos departamentos.
Los productores de arroz protestan contra el Gobierno por sus promesas incumplidas y que, a pocos meses de cumplir sus 3 años, todavía no logra realizar. Desde el gremio dicen que los subsidios son insuficientes, que las importaciones están compitiendo de forma desleal y, sobre todo, evidencian la sobreoferta causada por la ausencia de mecanismos realizables para regular precios y producción. Y del otro lado tenemos al Presidente deslegitimizando el paro y afirmando en su transmitido Consejo de Ministros que este se debe para favorecer los intereses de las grandes empresas arroceras.
Esta semana otros sectores pretenden unirse al paro, pero dejando a un lado el conflicto entre esas partes, yo me cuestiono si es justo que la protesta legítima de unos termine convirtiéndose en una consecuencia negativa para otros. Sin salirme del sector agrícola, existen también agricultores, cafeteros, fruticultores y productores de alimentos perecederos que están en medio de una disputa que no es suya, pero que igualmente soportan con pérdidas económicas no previstas.
En medio del bloqueo las cosechas se deterioran en camiones estancados en las orillas de las carreteras, los precios a los que se les recibe su producto bajan por exceso de oferta en las fincas, y las exportaciones que podrían consolidar la economía de la región no se pueden llevar a cabo por la imposibilidad logística.
Es evidente que estos actos son síntoma de una crisis más profunda. La eliminación del incentivo de almacenamiento y la falta de una política agroindustrial efectiva señalan una división en las conversaciones entre el Gobierno y el gremio. Pero la solución no puede ni debe pasar por someter a decenas de industrias en las que se encuentran empresas familiares y microempresarios a una parálisis de producción y venta.
El Gobierno debe generar los incentivos solicitados para regular cosechas y fortalecer la participación de las cooperativas en la transformación industrial del sector agrícola. Pero, mientras tanto, los pequeños empresarios y productores buscan mejorar su eficiencia logística, reducir sus costos al máximo posible y explorar mercados internacionales despachando muestras, y a todos estos ejemplos les afectan en gran medida los bloqueos del paro.
Protestar es justo y necesario, pero se deben buscar soluciones que no afecten a los demás productores que igualmente luchan por sobrevivir en el difícil contexto agrícola colombiano. Ojalá el Gobierno pueda generar una solución que fomente la industria arrocera y agrícola colombiana realizando más inversión y que esta involucre a las cooperativas y pequeñas empresas regionales.
Con el aroma de un café colombiano, los saludo,
Santiago Ospina López.
