Por: Johan Steed Ortiz Fernández
Ya sabemos que tenemos un Alcalde en Neiva testarudo, y que prefiere tener los órganos de control encima antes que reconocer sus errores.
Pero una cosa es ser terco, y otra muy distinta es insistir en el error, incluso con todas las advertencias encima. Y lo digo por la adjudicación del contrato del PAE, que, desde el momento de la cancelación del contrato anterior, se sabía que generaría problemas, por todas las denuncias generadas, y aun así, la Administración Municipal, permitió que la Bolsa Mercantil adjudicara el contrato, y ahora, este solo deja problemas.
Primero fue la denuncia, de la sociedad de una de las empresas de la Unión Temporal con una firma sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio por haber hecho parte del cartel de la contratación en Bogotá, pero que cumplía con la experiencia. A pesar de este hecho, no se hizo nada. Luego fue la denuncia de falsedad ideológica, por haber presentado un documento que era habilitante, adulterado. Se trataba de un certificado de pequeño productor, del municipio de Colombia, Huila, que establecía que esta empresa comparaba a productores de la región, algunos productos, entre ellos, algunos que eran falsos. Dicha certificación fue confirmada por el Departamento, que se basó en dicho documento para expedirlo. Sin embargo, a última hora, trataron de corregirlo, advirtiendo el error. Pese a esto, y las advertencias de veedurías nacionales y medios de comunicación de la región, el contrato fue adjudicado y puesto en funcionamiento.
Luego vinieron las quejas sobre la bodega escogida por esta unión temporal de Bogotá, que no cumplía con los estándares establecidos. Se advirtió de no tener cómo almacenar productos sin que perdieran la cadena de frío, entre otras irregularidades. No obstante, no pasó nada y el contrato empezó a operar.
Luego vinieron denuncias sobre la calidad de las entregas. Productos en mal estado, manipuladoras sin la debida vinculación laboral, almuerzos sin proteínas, y no pasó nada.
La Alcaldía, que es contratista, parecía más empeñada en justificar los errores del operador, que en defender la calidad de la alimentación. Por eso veíamos en las redes al alcalde, no haciendo veeduría o supervisión, sino tratando que los niños dijeran que era bueno el servicio que se estaba prestando, para justificar la adjudicación. Algo muy distinto, al Alcalde que vimos hace un año, con el anterior operador, al que le midió las bodegas, y le llegaba de sorpresa todos los días para hacerle prueba de calidad a cada entrega que hacían, denunciando si cumplían o no con la minuta, y el estado de los productos y el mismo almacenamiento de los mismos.
Por eso, y porque él mismo decidió no contratar interventoría, sino poner a su equipo de la Secretaría de Educación de Neiva, donde no hay ningún experto en sanidad, ni en alimentos, a supervisar el contrato, es que no pudieron advertir lo que pasaba en el colegio INEM: un restaurante infestado en ratas (roedores), a través del cual estaban brindando atención de mala calidad a sus estudiantes. Pero lo peor no fue que no se dieran cuenta, ni que generaran una advertencia al operador. Lo peor es que terminaron responsabilizando a las manipuladoras de alimentos de esta situación y terminaron despidiéndolas. Unas señoras que eran externas al proceso, quienes solo deben trabajar con lo que les brindan, terminaron siendo las “culpables” de los errores de la misma Alcaldía y del operador.
Así que estamos ante una oleada de irregularidades, que ha cometido no solo el contratista, sino la propia Administración Municipal, empezando por la mala planeación de este contrato, y que solo dejan perjudicado, a los más de 30.000 estudiantes que dependen de esta alimentación para su sustento.
Y si eso no fuera poco, la Procuraduría, acaba de advertir y requerir, el pasado 25 de marzo a la Gobernación del Huila por haber respaldado el documento irregular del contratista, solicitando respuestas. Un día después, el 26 de marzo, la Secretaría de Agricultura a través de la Resolución 01 de 2025, dejó sin efectos el acto administrativo que certificaba el cumplimiento de las obligaciones de este contratista. En otras palabras dejó sin efectos el documento que habilitó al contratista, lo que quiere decir que no cumplía con un requisito habilitante.
Con esto, el Municipio tendría que sí o sí, suspender el contrato de prestación del servicio de alimentación escolar, y devolverle a la Bolsa Mercantil, la responsabilidad de escoger una vez por todas, un operador que cumpla a cabalidad los requisitos y la calidad del servicio.
Pero como conocemos ya a nuestro Alcalde Casagua, al cual solo 3 de 10 neivanos respaldan su gestión, es posible que no lo haga y se vaya a muerte con este contrastista para no aceptar su error. En ese sentido, la Procuraduría Regional, que ha sido el único ente que ha hecho control riguroso de este proceso y ha advertido todas estas irregularidades, podría solicitar al Tribunal Administrativo del Huila, la suspensión de este contrato y de paso abriría investigación disciplinaria sobre el alcalde, la secretaria de educación, la jefe de contratación y el funcionario del PAE.
Por el bien de la niñez neivana, esperemos que esta cadena de irregularidades llegue pronto a su fin y que el PAE vuelva a ser lo que debe ser: un derecho digno, no una vergüenza institucional.
