El Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Neiva continua inmerso en un escándalo que pone en riesgo la adecuada nutrición de miles de niños. La denuncia sobre una certificación irregular utilizada en la adjudicación del contrato y las graves deficiencias encontradas en la bodega de almacenamiento no solo generan dudas sobre la transparencia del proceso, sino que evidencian una preocupante falta de planeación y control por parte de la administración municipal.
La Veeduría Jurídica Nacional ha alertado sobre la inclusión de información errónea en la certificación de pequeños productores presentada por la Unión Temporal PROPAE Neiva, documento que es requisito indispensable para garantizar que al menos el 30% de los alimentos provengan de productores locales. La Procuraduría ha exigido explicaciones urgentes y la posible anulación del contrato podría retrasar aún más el suministro de alimentos a 32.000 estudiantes. ¿Cómo es posible que este tipo de irregularidades pasen desapercibidas hasta después de adjudicar un contrato tan sensible?
El problema no se detiene ahí. Un informe de la Veeduría ACEP reveló deficiencias alarmantes en la bodega del operador encargado del PAE. Productos sin adecuada refrigeración, áreas sin demarcación, falta de higiene y un manejo inadecuado de residuos son solo algunas de las fallas encontradas. Esto no es solo un incumplimiento contractual, es una amenaza directa a la seguridad alimentaria de los menores que dependen de este programa.
La falta de rigor en la contratación del PAE no es un asunto menor. No se trata de un simple error administrativo, sino de una constante en los procesos de adjudicación de este programa, donde priman las denuncias de corrupción, los manejos irregulares y los escándalos por incumplimiento. El primer intento de adjudicación en Neiva ya había sido fallido debido a la selección de una empresa sin la experiencia requerida, lo que demuestra que los filtros son débiles y que la improvisación sigue siendo la norma.
La ciudadanía debe exigir respuestas concretas y acciones inmediatas. Es inaceptable que la alimentación de los niños más vulnerables de la ciudad dependa de procesos turbios y de operadores que no garantizan las condiciones mínimas de salubridad y abastecimiento. La administración municipal y los entes de control deben actuar con contundencia, no solo para evitar un nuevo retraso en la entrega del PAE, sino para sentar un precedente de transparencia y responsabilidad en la ejecución de este programa esencial.
El derecho a la alimentación de los niños no puede seguir siendo un botín de intereses privados ni una víctima de la negligencia estatal. La única respuesta aceptable es la implementación de medidas que garanticen la legalidad, la eficiencia y la calidad en la prestación del servicio. Lo contrario sería permitir que la corrupción y la ineficiencia sigan imponiéndose sobre los derechos fundamentales de la infancia en Neiva.
