La sociedad colombiana se ha venido acostumbrando a las salidas en falso que viene realizando el primer mandatario de los colombianos, con el fin de ocultar ante la opinión pública, la incapacidad y la ineptitud gubernamental para manejar los asuntos de Estado. Mientras el país se encuentra atravesando una profunda crisis social, económica y política, desde la casa de Nariño se busca a través de decretazos, impulsar iniciativas electoreras para encontrar mecanismos que permitan perpetuarse en el poder, así los áulicos que lo rodean digan lo contrario. En la reunión convocada la semana anterior en la plazoleta de la Alpujarra en Medellín, ante la baja asistencia ordenó trasladar a través de buses oficiales a algunas organizaciones sociales, de los municipios aledaños a la capital antioqueña, inclusive recogiendo los habitantes de la calle, prometiéndoles comida, refrigerios y otras dadivas, para que lo acompañaron a la manifestación popular que no superó los 1.000 asistentes. Pero algo que ha impresionado a la opinión, fue la orden que impartió al Inpec para que soltaran los presos de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, para que le aplaudieran el discurso incendiario, lleno de sesgos ideológicos, amenazas y ofensas al legislativo, sector empresarial, sector judicial, lo cual generó el más profundo rechazo de las Altas Cortes, jueces de la República y de toda la opinión pública nacional.
En una verdadera tormenta política se ha convertido la decisión del ejecutivo de convocar una Asamblea Popular Constituyente, lo cual va en contra de la institucionalidad colombiana. Es tal el desespero electoral del presidente Gustavo Petro Urrego, que está provocando más polarización entre los colombianos, imponiendo autoritariamente su pensamiento arrogante y fuera del contexto real y de la lógica institucional, desconociendo a los demás poderes públicos del Estado Colombiano. Si esa es la estrategia que va a seguir impulsando, para ganar las próximas elecciones de su movimiento político, está totalmente equivocado. Esa no es la forma de vender la imagen gubernamental desgastada y con unos índices de popularidad adversos. Desconoce la percepción nefasta que tiene el constituyente primario, por la forma como está conduciendo los destinos del país. Así se reflejan en las recientes encuestas publicadas recientemente, donde la baja aceptación llega apenas al 29%. Es una afrenta a la democracia colombiana.
Expertos académicos y exmagistrados de las Altas Cortes, han expresado sus puntos de vista sobre la iniciativa que piensa el presidente Petro a través de un Decretazo, la convocatoria de una Asamblea Nacional Popular constituyente. Es claro para ellos, que una papeleta adicional en las próximas elecciones no es viable. Para convocarla, se necesita de las mayorías absolutas del Congreso y la Cámara de Representantes. Así como se presenta la actual coyuntura política del país, es inviable que lo anterior ocurra. El ejecutivo planea hacerlo por encima de todo, en los próximos días.
