Cada vez que el gobierno nacional convoca a todas las organizaciones sociales para que salgan a escuchar la retórica barata, llena de odios, insultos y sesgos ideológicos del presidente de la república, para lo cual tenga necesidad de transportarlos a Bogotá y financiar con dinero del presupuesto (que pagamos los colombianos) el transporte, alimentación, propaganda alusiva a las protestas sociales y demás necesidades. Lo anterior se ha vuelto caldo de cultivo para se generen enfrentamientos con la fuerza pública en los alrededores de la Universidad Nacional, donde se encuentran acantonados más de 20 mil indígenas que han sido transportados por el ejecutivo. Todos sabemos que la ciudadanía no acude a estas convocatorias presidenciales, lo cual obliga a pagar para que vengan a aplaudirlo. Ha perdido ya el poder de convocatoria. El desgaste gubernamental que ha tenido, producto de su ineptitud e incapacidad para manejar y dirigir el Estado colombiano, se refleja de esta forma. Pero estas protestas sociales foráneas, están afectando otras regiones del país. En el caso del Huila, otra vez, han vuelto a taponar la libre circulación automotor en el sector del peaje en construcción en jurisdicción del municipio de Hobo.

La población huilense está hastiada con esta forma de protesta de estos sectores sociales. No hay derecho, que se sigan presentando afectaciones a la dinámica productiva del departamento, al bienestar general de las familias huilenses y del surcolombiano. En las anteriores protestas, quemaron y destruyeron este peaje que se viene construyendo, adonde arribaron cerca de 100 integrantes de los resguardos del departamento, que se encontraban acantonados en los campamentos ubicados cerca del peaje los Cauchos. Ésto generó repudio y un total rechazo por parte de la opinión pública. Esta situación no es nueva. Algunos sectores han rechazado la instalación de este nuevo peaje, que suman a las cinco casetas que existen en menos de 200 kilómetros en territorio huilense.

Pero fueron los acuerdos que se pactaron en épocas pretéritas con dirigentes políticos y gobernantes, quienes avalaron con bombos y platillos dichas construcciones. Infortunadamente estos pactos contractuales establecidos entre el gobierno nacional y la Concesionaria de la Ruta 45, quienes están actualmente llevando a cabo dichas obras, así lo establecen. Todos somos testigos de la ejecución de éstas, los cuales se están cumpliendo con los cronogramas previamente establecidos.

Todo lo anterior, les va a pasar factura a todos los aspirantes presidenciales y candidatos al Congreso de la República de los movimientos afectos al gobierno nacional, dada la situación crítica que vive la sociedad colombiana. El orden público, los temas económicos y sociales están generando un desespero total, con la esperanza que termine pronto este viacrucis que tiene con los pelos de punta a los agentes económicos del país. Esta percepción se siente en todos diálogos gremiales y académicos que se están desarrollando en todo Colombia.