Por: Carlos Tobar
Como disco rayado el gobierno Petro vuelve a incumplir con compromisos adquiridos con la comunidad. Son dos los casos que la situación obliga a abordar hoy: el impago de la opción tarifaria en el servicio público de energía y, el no cumplimiento de ninguno de los puntos pactados con el Ministerio de Agricultura para el levantamiento del paro arrocero.
El caso de la opción tarifaria (una figura financiera contemplada en la ley 142 de servicios públicos que permite diferir el cobro de parte de la tarifa en situaciones de crisis, como ocurrió durante la pandemia), que el gobierno por boca del mismo presidente Petro se comprometió a asumir, de manera particular los costos de los estratos 1,2 y 3 con recursos nacionales. Ese compromiso lo asumió el 7 de mayo de 2024 en la ciudad de Barranquilla. Hasta la fecha sin solución.
Las disculpas han proliferado. La más notoria, que no se le aprobó la ley de financiamiento y que esos dineros estaban condicionados a tal aprobación. Una mentira, porque para la fecha en que el presidente ofreció asumir ese compromiso, ni el presupuesto 2025 ni la forma de financiarlo habían sido elaborados. Fue uno de esos ucases con los que conmina a sus funcionarios a responder por decisiones que toma al calor de discursos de plaza pública.
Ahora, ante la evidencia de la incapacidad fiscal del gobierno nacional para asumir compromisos económicos, a través del nuevo ministro de minas, sacan del cubilete la propuesta de que esa opción tarifaria impaga de los estratos 1, 2 y 3, la asuman los estratos 4, 5 y 6 y, los sectores comercial e industrial. Los “ricos” que señala el gobierno.
La medida no solo es injusta sino ilegal, porque según lo establecido en la ley los estratos 5 y 6 y los sectores comercial e industrial asumen ya subsidios cruzados para apoyar a los estratos mas bajos. Una carga adicional tendría que pasar por una modificación de las normas que regulan la prestación de los servicios públicos, incluyendo la ley 142 de 1994.
Económicamente sería una carga peligrosa para las ajustadas finanzas de las empresas comerciales e industriales que en su mayoría son pequeñas y medianas empresas.
En el caso de los arroceros “entre los compromisos incumplidos está que se había acordado una resolución que sería expedida entre el 12 y 16 de marzo para distribuir el apoyo a la comercialización del arroz paddy verde con concurrencia del Fondo de Fomento Agropecuario.”
Tampoco se han activado “los mecanismos de apoyo financiero como Fonsa, Líneas Especiales de Crédito (LEC), Incentivos a la Capitalización Rural (ICR) e Incentivo Integral a la Gestión de Riesgos Agropecuarios (Iigr)”
Ni “han recibido información sobre la revisión del cobro de la Tasa por Uso de Agua, TUA. Así como, las salvaguardias frente a los TLC. La investigación sobre posibles infracciones por parte de la industria molinera, el control al contrabando, la revisión y ajuste en el costo de la semilla certificada, así como de los insumos necesarios en la canasta arrocera, y la especial protección a los cultivos de rotación, como maíz, soya y algodón con garantía de precios justos en su comercialización.”
En síntesis, no han cumplido nada.
Neiva, 24 de marzo de 2025
