El desespero electoral del presidente Gustavo Petro Urrego, lo ha obligado nuevamente a presentar a consideración del Senado de la República, una nueva consulta popular para que el constituyente primario le apruebe a través del voto las 12 preguntas de la frustrada reforma laboral que fue hundida recientemente por esta corporación y las cuatro adicionales de salud que adicionaron para tal efecto. Al gobierno nacional no le interesa que le sean aprobadas dichas iniciativas sociales. Solo le interesa iniciar la campaña electoral que le permita ganar nuevamente las elecciones del próximo año y que le elijan el doble de congresistas del Pacto Histórico, para seguir manteniendo su hegemonía gubernamental. Mientras el país se encuentra sumido en el más violento terrorismo que haya tenido el territorio colombiano, por las organizaciones subversivas que lo ayudaron a elegir, todavía confía en que estas estrategias incendiarias y convocatorias a cabildos abiertos, taponamientos de vías y la promulgación de una huelga general, le vaya a permitir obtener réditos electorales.
Pero eso no va a ser posible. Pocos le creen. La profunda crisis social, económica y política en que se encuentra sumido el país, que junto con el abultado déficit que presentan las finanzas públicas durante la presente vigencia, que de acuerdo con el reciente informe de la Comisión de la Regla Fiscal, el Presupuesto General de la Nación debe ser reducido en más de 60 billones de pesos, producto del irracional manejo de éstos, por el desbordado crecimiento del gasto público y la disminución de los recaudos. Y como si fuera poco, el deterioro progresivo que ha tenido la empresa de Ecopetrol, que es considerada la joya de la corona, la cual le representaban ingresos superiores a los 60 billones de pesos en el 2022 y para este año no superarán los 20 billones de pesos, producto de la torpeza en la decisión gubernamental de prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos.
Además, la salida de más de 160 mil empresarios del país, de los cuales 50 mil han solicitado el cambio de residencia para no tributar en Colombia, por las amenazas de las organizaciones narcoterroristas que tienen dominio en más de 800 municipios colombianos, han provocado que se disminuya la tributación en el país. Podemos inferir que junto con la incapacidad y la ineptitud del equipo ministerial que lo rodea, buscando culpables en anteriores gobiernos porque no han podido cumplirle a las familias colombianas, con las promesas electorales que propuso para ganar las anteriores elecciones y que a la fecha se han convertido en falsas ilusiones. Todo lo anterior, ha provocado un rechazo total al accionar de su gestión; los arrepentidos y el resto de la sociedad solo cuentan los meses, días, horas, minutos y segundos para que este viacrucis se termine. Solo los sectores políticos afectos al ejecutivo lo respaldan.
