Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), por su presunta participación en un esquema de direccionamiento contractual y pago de coimas desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La medida fue adoptada tras la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que imputó a González los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Aunque el exfuncionario no aceptó los cargos, el magistrado acogió los argumentos del ente acusador, al considerar que existe riesgo de obstrucción a la justicia y posible no comparecencia en las siguientes etapas del proceso penal.
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Presunto direccionamiento de contratos y entrega de sobornos
Según la investigación, entre septiembre y octubre de 2023, González Merchán habría instruido a Olmedo López, entonces director de la UNGRD, para que direccionara contratos con el fin de obtener recursos ilícitos destinados al pago de presuntas coimas a Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, respectivamente. El objetivo habría sido asegurar un respaldo favorable en el trámite de proyectos de ley ante el Congreso.
La Fiscalía sostiene que, ante retrasos en los procesos contractuales, González ordenó en octubre de 2023 el pago de 4.000 millones de pesos en efectivo: 3.000 millones con destino a Name Vásquez, cuyo traslado habría sido encomendado a Sandra Liliana Ortiz, y 1.000 millones a Calle Aguas.
Los fondos habrían salido del contrato para la compra de 40 carrotanques destinados al suministro de agua potable a comunidades indígenas en el departamento de La Guajira, lo que agrava la dimensión social y ética del caso.
Investigación en curso y apelación
La decisión fue apelada por las partes. El proceso es adelantado por fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, quienes continúan recabando pruebas sobre la presunta red de corrupción al interior del alto gobierno.
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