Una decisión judicial emitida por la Jueza Tercera Penal del Circuito Especializado de Medellín, Claudia Castro, ordenó a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, su hermano Santiago Uribe Vélez y el general (r) Carlos Alberto Ospina, por su presunta participación en los asesinatos de los abogados Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza, ocurridos en 1998.
La orden surge a partir de un testimonio analizado durante el proceso contra el exsubdirector del desaparecido DAS, José Miguel Narváez, quien fue condenado el pasado 6 de octubre a 28 años de prisión como determinador del secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba, ocurrido en 1999.
Según la jueza, los elementos de prueba examinados durante ese proceso apuntan a la posible existencia de una estructura organizada con “capacidad de planeación, ejecución y adoctrinamiento”, integrada por actores estatales y civiles, que habría ejecutado acciones violentas sistemáticas contra defensores de derechos humanos. Entre las víctimas mencionadas estarían los abogados Valle y Umaña, reconocidos por sus denuncias sobre vínculos entre agentes del Estado y grupos paramilitares.
Uno de los testimonios claves que motivó la decisión judicial corresponde al exparamilitar Francisco Enrique Villalba, asesinado en 2009, quien afirmó que en 1997 se habría realizado una reunión en la finca La Marranera, en la que habrían participado paramilitares, altos mandos militares y, presuntamente, los hermanos Uribe Vélez. En dicho encuentro, según la versión, se habría elaborado una lista de personas consideradas “incómodas” por sus denuncias sobre violaciones de derechos humanos.
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El expresidente Álvaro Uribe reaccionó a la decisión a través de su cuenta oficial de X, calificándola como una “compulsa miserable por una declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente”. Uribe, quien actualmente enfrenta una condena en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno, sostuvo que los señalamientos carecen de sustento.
Por su parte, la jueza Castro explicó en su providencia que la compulsa de copias se realiza para que la Fiscalía determine si los hechos narrados en los testimonios tienen mérito suficiente para abrir una nueva investigación.
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