Un reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia,ha revelado que, durante el año 2024, se han registrado 80 asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos en el país.
Este desgarrador balance, que abarca desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre, destaca un panorama alarmante para quienes luchan por la justicia y la equidad en la nación.
El informe detalló un total de 186 alegaciones de homicidios dirigidos a defensores de derechos humanos, de las cuales 80 han sido verificadas. Además, 11 casos se encuentran en proceso de verificación, mientras que 95 siguen sin conclusiones definitivas. La complejidad de estas investigaciones se debe a que cada alegación debe cumplir requisitos específicos para ser considerada válida. Este seguimiento riguroso se asegura de que las denuncias sean debidamente documentadas, lo que a su vez permite una evaluación más clara de la situación en terreno.
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En cuanto a los casos verificados, el informe subraya que deben cumplir con ciertos criterios: la víctima debe ser reconocida como defensor o defensora de derechos humanos según la Declaración de la ONU, y su asesinato debe estar potencialmente relacionado con su labor en pro de los derechos fundamentales. De los 80 casos investigados, 10 corresponden a mujeres, de las cuales dos son indígenas y una afrodescendiente, mientras que tres son campesinas y las demás se agrupan bajo «otras» categorías. Sorprendentemente, la mitad de estas mujeres estaban involucradas en juntas de acción comunal en sus comunidades, lo que resalta el peligro al que se enfrentan aquellos que defienden sus derechos y los de los demás.
La alarmante cifra de 80 defensores de derechos humanos asesinados en tan solo un año llama a la reflexión sobre las condiciones de seguridad en Colombia y la necesidad urgente de medidas efectivas para proteger a quienes arriesgan sus vidas en la defensa de los derechos fundamentales.
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