El informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU advierte sobre el control territorial de grupos armados y sus efectos devastadores en comunidades vulnerables.
La violencia generada por grupos armados y organizaciones criminales sigue afectando gravemente a comunidades en todo el país, según un informe publicado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
El documento, que analiza la situación de derechos humanos en Colombia durante el año 2024, detalla cómo estos grupos han incrementado su control territorial a través del uso de la violencia, afectando de manera desproporcionada a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinos.
«La escalada de los combates en la región del Catatumbo desde mediados de enero, donde más de 52 personas fueron asesinadas y decenas de miles se vieron obligadas a desplazarse, pone de relieve el sufrimiento continuo de los civiles atrapados en medio de la violencia y el conflicto armado», señaló el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
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Grupos armados y violaciones a los derechos humanos
Uno de los aspectos más alarmantes del informe es el reclutamiento forzado de menores de edad. Durante 2024, 216 niños fueron vinculados a grupos armados ilegales, muchos de ellos pertenecientes a comunidades indígenas.
«La protección de la población debe ser un elemento central en las negociaciones del Gobierno con los actores armados no estatales. Esto incluye impedir el reclutamiento de niños y asegurar la liberación inmediata de aquellos que ya están bajo su control», enfatizó Türk.
Además, la ONU verificó 252 asesinatos en 72 masacres y el homicidio de 89 defensores de derechos humanos en el último año, lo que refleja un panorama preocupante para la seguridad de líderes sociales en el país.
Diálogo y desafíos para la paz
El informe destaca la reanudación del diálogo entre el Estado y la sociedad civil para la protección de los defensores de derechos humanos. Sin embargo, Türk insistió en la necesidad de tomar medidas más contundentes para garantizar su seguridad, especialmente la de quienes trabajan en la protección del medio ambiente.
El documento también menciona la importancia de implementar el Acuerdo de Escazú, tratado que protege a los defensores ambientales y que Colombia ratificó en 2024.
En cuanto al Acuerdo de Paz de 2016, el informe insta a las autoridades a fortalecer la gobernabilidad en varias regiones y a garantizar la ejecución de políticas de seguridad y desmantelamiento de estructuras criminales.
A pesar de los desafíos, la ONU destacó algunos avances importantes, como la reforma rural integral y el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En este sentido, resaltó las recientes decisiones de la JEP que imputaron crímenes de lesa humanidad y de guerra a excomandantes de las FARC-EP y exmilitares de alto rango.
«Estas decisiones son fundamentales en la lucha contra la impunidad y para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia», afirmó Türk.
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