Alfredo Vargas Ortiz
Abogado y docente – Universidad Surcolombiana
Doctor en Derecho – Universidad Surcolombiana
Desde hace dos semanas hemos sido asediados por llamadas telefónicas de personas que, bajo una fachada empresarial, intentan engañarnos para cometer delitos. En ambos casos, los delincuentes simulan representar empresas interesadas en contratar nuestros servicios de capacitación. La estrategia es similar: dicen tener grupos de 18 o 30 personas a capacitar y nos invitan a conocer un supuesto salón en una zona rural, fuera de la ciudad, con el argumento de coordinar detalles logísticos, firmar el contrato y “estrechar la mano”.
En la primera ocasión, quien se presentó fue un hombre mayor, supuestamente propietario de una empresa de logística petrolera. En su foto de perfil aparecían personas trabajando en un pozo de petróleo. En el segundo caso, se trataba de una supuesta empresa piscícola que también insistía en un encuentro en el campo. Todo apunta a que, de haber accedido, podríamos haber sido víctimas de un secuestro y, posteriormente, extorsionados para lograr nuestra liberación.
Con frecuencia, también recibo correos electrónicos que simulan ser notificaciones de juzgados o fiscalías, en los que se me informa sobre supuestos procesos penales o cobros jurídicos. Lo curioso es que estos delincuentes parecen ignorar que están escribiéndole a un abogado. Una simple lectura de esos documentos basta para evidenciar su falsedad: errores garrafales de redacción, ortografía deficiente y una completa falta de conocimiento jurídico. La intención es clara: obtener información sensible o intimidar para extorsionar a quienes se dejen llevar por el miedo ante amenazas como órdenes de captura o embargos.
Recientemente, frente a la sede de mi empresa, descendí un momento del vehículo para sacar un documento. Un hombre que venía siguiéndome, junto a otro en moto, aprovechó la distracción. En menos de 20 segundos abrieron el carro y se llevaron el celular, documentos de identificación, gafas y otros objetos de valor. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de nuestra oficina y las de una vecina que gentilmente nos ayudó a recopilar el material probatorio.
No soy el único. A mi hermana, a mi sobrina, a varios estudiantes y amigos les han ocurrido hechos similares. Algunos han sido atacados con violencia; otros, lamentablemente, han perdido la vida o han quedado gravemente heridos, además de perder sus vehículos y herramientas de trabajo.
La seguridad en la ciudad de Neiva y en el departamento del Huila está en crisis. Cada vez son más frecuentes los homicidios y las lesiones personales que ponen en riesgo la vida y la integridad de los ciudadanos. Esta situación debe generar una seria y urgente preocupación tanto en las autoridades como en la comunidad en general.
Es imperativo actuar con mayor estrategia, prevención e inteligencia para enfrentar al hampa, que día a día crece y se aprovecha de la buena fe de quienes trabajamos honestamente por este país. Este es un deber del Estado que está siendo incumplido por las autoridades, pese a contar con recursos y personal para combatir este flagelo. No se está actuando con la contundencia que la situación amerita.
Se requiere una articulación institucional real y un trabajo mancomunado. Debemos denunciar, colaborar con las autoridades, solidarizarnos con las víctimas y protegernos entre todos. Los buenos somos más, y los delincuentes deben entender que no vamos a permitir que nos reduzcan ni nos intimiden con sus perversas intenciones.
