En dos recientes casos de presunta explotación sexual que habrían ocurrido en Cajamarca, Tolima, y Cúcuta, Norte de Santander, la Procuraduría General de la Nación requirió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informar las actuaciones de verificación de derechos, fecha de apertura del proceso administrativo, estado actual del mismo y las medidas de protección adoptadas en favor de los menores de edad que estarían involucrados.
Según lo informado por medios de comunicación, en un operativo que se llevó a cabo en Cajamarca fueron rescatados cuatro menores de edad víctimas de abusos sexuales, dos de ellos presuntamente por parte de su padre, quien los accedía para luego producir y comercializar contenidos pornográficos que distribuía a pedófilos nacionales e internacionales.
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El ente de control también conoció la noticia sobre la búsqueda de una menor de edad reportada por sus padres como desaparecida en Cúcuta. En medio de la investigación se habría encontrado un lugar utilizado como estudio de webcam en el que se producía pornografía infantil y en un operativo se habrían rescatado cuatro adolescentes que estarían siendo explotadas sexualmente.
Frente a estas situaciones, la Procuraduría pidió a la Secretaría de Salud reportar las acciones emprendidas con respecto a la activación de rutas de atención intersectorial para el abordaje integral de estos casos en los sectores de salud, protección y justicia, conforme al protocolo de atención a víctimas de violencia sexual.
Adicionalmente, la entidad solicitó a la Personería de Cajamarca hacer seguimiento al caso ocurrido en este municipio, y evaluar la priorización de intervención en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos, verificando que se hayan adoptado acciones para garantizar el acceso a la justicia, a la no revictimización y a una vida libre de violencias para los menores de edad y sus familias.
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