Los colombianos enfrentarán cambios en la facturación de sus servicios públicos. La nueva normativa evita sanciones generales y permite mayor flexibilidad en los pagos.
DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
El sistema de facturación de los servicios públicos en Colombia ha experimentado una modificación significativa tras la publicación de una nueva circular por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el 29 de enero. Este documento, identificado con el número 20251000000044, estableció cambios en la forma en que se presentan y cobran los recibos de servicios básicos en el país, afectando a millones de usuarios.
Regulación de la facturación conjunta
Uno de los aspectos centrales de la circular es la regulación del convenio de facturación conjunta de los servicios públicos domiciliarios. A partir de ahora, cuando en un mismo recibo se incluyan varios conceptos, como el servicio de agua, energía o gas, junto con otros costos adicionales, cada uno debe ser totalizado por separado. Esto permitirá a los usuarios pagar cada servicio de manera independiente, con la excepción del servicio público domiciliario principal, cuya cancelación sigue siendo obligatoria en su totalidad.
Nueva política de sanciones por mora
Además de la separación de cobros, la circular introdujo una medida clave en materia de sanciones por mora. A partir de la implementación de estos cambios, si un usuario deja de pagar un servicio adicional incluido en su factura, la penalización aplicará únicamente sobre ese servicio específico y no sobre la totalidad de la cuenta. Esto evita que los usuarios sean objeto de sanciones generales por la falta de pago de servicios complementarios, garantizando que solo el servicio afectado sea objeto de medidas restrictivas.
Facturación conjunta de servicios de saneamiento
Uno de los cambios más significativos está relacionado con la facturación conjunta de los servicios de saneamiento básico, lo que obliga a las empresas de energía, gas y acueducto a incluir en sus facturas los cobros correspondientes a aseo y alcantarillado. Esta medida responde a las dificultades en la recaudación de estas tarifas y a la imposibilidad de suspender estos servicios por su impacto en la salubridad pública.
Para evitar problemáticas, la Superintendencia estableció que, cuando los servicios de aseo y alcantarillado se facturen junto con otros servicios públicos domiciliarios, no se permitirá el pago independiente de estos últimos sin haber cubierto primero los costos del saneamiento básico. No obstante, si el usuario interpone una queja o recurso ante la empresa prestadora del servicio de saneamiento, aseo o alcantarillado, se permitirá la separación de pagos hasta la resolución del proceso administrativo correspondiente.
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Responsabilidad de las empresas prestadoras
Las empresas de aseo y alcantarillado pueden seleccionar la compañía encargada de la facturación conjunta, pero la entidad elegida está obligada a prestar dicho servicio de manera efectiva. Sin embargo, en casos donde existan impedimentos técnicos que imposibiliten el proceso, las empresas deberán justificar su imposibilidad de cumplir con esta función ante la Superintendencia con pruebas verificables.
Protección a los usuarios con créditos en facturas
Otro aspecto importante de la circular es la regulación de los cobros adicionales en las facturas de servicios públicos. La Superintendencia aclaró que aquellas empresas que incluyan en sus facturas cuotas correspondientes a créditos otorgados a los usuarios deben garantizar que estos tengan la opción de pagar únicamente el valor del servicio público, sin que se les exijan pagos adicionales. Con esta disposición, se busca evitar que la gestión de créditos afecte la capacidad de los ciudadanos para cumplir con sus obligaciones básicas de pago.
Las nuevas disposiciones en la facturación de los servicios públicos en Colombia buscan mejorar la eficiencia en el cobro de tarifas y garantizar la prestación continua de los servicios esenciales. Si bien los cambios pueden representar un alivio para los usuarios en términos de sanciones y pagos independientes, también imponen nuevas condiciones que deben ser comprendidas y adoptadas por las empresas prestadoras y los ciudadanos. La Superintendencia continuará monitoreando el cumplimiento de estas medidas para asegurar su correcta aplicación y evaluar su impacto en la prestación de los servicios básicos en el país.
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