El Gobierno Nacional presentó un nuevo proyecto de Ley de Defensa que redefine el marco institucional de las Fuerzas Militares y excluye a la Policía Nacional del Sistema de Defensa Nacional, con el fin de delimitar claramente sus funciones frente a la seguridad ciudadana.
DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
El Ministerio de Defensa Nacional presentó ante el Congreso un ambicioso proyecto de ley que busca redefinir el marco legal e institucional de la defensa nacional en Colombia. La iniciativa se presenta como una respuesta a la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 684 de 2001 por parte de la Corte Constitucional y propone, entre otros aspectos clave, la creación de un Sistema de Defensa Nacional y un nuevo Consejo de Defensa Nacional. Sin embargo, un elemento ha llamado particularmente la atención: la exclusión explícita de la Policía Nacional de este sistema.
Según el Gobierno, el propósito central de la propuesta es evitar la confusión entre las funciones de defensa —responsabilidad exclusiva de las Fuerzas Militares— y las de seguridad ciudadana, a cargo de la Policía Nacional. El articulado aclara que se trata de dos funciones autónomas y diferenciadas, con marcos operativos y jurídicos distintos, aunque con posibles coordinaciones complementarias.
Un nuevo marco normativo para un viejo vacío legal
Desde la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 684 de 2001, las Fuerzas Militares han operado bajo normas dispersas y de menor jerarquía, lo que ha generado, según el Ministerio de Defensa, una falta de coherencia doctrinal y limitaciones en la planeación estratégica. La nueva iniciativa busca superar ese vacío con una ley integral que defina funciones, niveles de coordinación, principios rectores y lineamientos operativos de la defensa nacional.
“La ley lo que hace es hacer una alineación estratégica y dar unos compromisos claros, no solamente a las entidades públicas, sino también a las privadas y a los colombianos, porque el Estado somos todos y lo debemos defender entre todos”, señaló el ministro Pedro Sánchez al radicar el proyecto.
Defensa no es seguridad: la Policía, fuera del sistema
Uno de los pilares de la iniciativa es la separación funcional entre defensa nacional y seguridad ciudadana. En este sentido, la Policía Nacional no integrará el Sistema de Defensa Nacional, cuya estructura y funciones estarán exclusivamente dirigidas a las Fuerzas Militares: Ejército, Armada y Fuerza Aeroespacial.
La propuesta es clara en el artículo 22 del proyecto: la Policía mantendrá sus funciones constitucionales y legales —orden público, prevención del delito y protección de derechos—, pero sin integrarse al sistema ni quedar bajo subordinación de mandos militares. Las coordinaciones que eventualmente se realicen serán excepcionales y no implicarán fusión de mandos ni subordinación recíproca.
Esta decisión obedece a una concepción moderna de la defensa nacional que busca respetar el principio de supremacía del poder civil, fortalecer los controles democráticos y evitar que la defensa se desdibuje en medio de tareas policiales o de seguridad urbana.
Sistema y Consejo de Defensa Nacional: los ejes de la ley
La columna vertebral del proyecto es la creación de un Sistema de Defensa Nacional, entendido como el conjunto de capacidades, entidades, normas y protocolos que permitirán articular una respuesta coordinada del Estado frente a amenazas que comprometan la soberanía, la integridad territorial o el orden constitucional.
Este sistema estaría compuesto por:
- Entidades públicas con funciones permanentes en materia de defensa.
- Organizaciones privadas —con o sin ánimo de lucro— que puedan apoyar las capacidades operativas.
- Ciudadanos, en el marco de sus deberes constitucionales y legales.
El Sistema será orientado y asesorado por un Consejo de Defensa Nacional, presidido por el Presidente de la República y conformado por los ministros del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa; el Director de Inteligencia; los comandantes de las Fuerzas Militares; el Director de la Policía Nacional; y otros altos funcionarios.
Este Consejo será el máximo órgano asesor del presidente en defensa nacional, con funciones como:
- Aprobar los Protocolos Operativos de Defensa Nacional.
- Evaluar el cumplimiento de las medidas estratégicas.
- Supervisar la implementación doctrinal, normativa y presupuestal del sistema.
¿Cuándo se activa el sistema?
La norma propone una definición específica de “razones de defensa nacional”, entendidas como aquellas circunstancias en las que una acción inmediata del Estado resulta indispensable para proteger la soberanía, integridad territorial, independencia o el funcionamiento esencial del Estado.
Por tanto, el Sistema de Defensa Nacional solo se activará ante amenazas actuales o inminentes de ese calibre. No se aplicará en situaciones de orden público, criminalidad común, seguridad ciudadana ni estados de excepción, que siguen siendo materia de otras normativas y de la Policía Nacional.
Principios rectores y conceptos clave
El proyecto establece como principios fundamentales:
- Supremacía del poder civil.
- Protección de la población civil.
- Transparencia en la gestión de capacidades militares.
- Separación entre funciones de defensa y de seguridad pública.
También introduce conceptos como “amenaza”, “poder nacional” y “razones de defensa nacional”, alineando la doctrina con modelos internacionales modernos. Además, plantea una planificación anticipada con enfoque multidimensional: diplomático, informacional, militar, económico y político.
La lupa sobre la participación privada y ciudadana
Aunque el objetivo de involucrar al conjunto de la sociedad en la defensa del Estado puede parecer legítimo, varios expertos han expresado reservas sobre la inclusión de organizaciones privadas y ciudadanos en el Sistema de Defensa Nacional.
Para Duván Castañeda García, consultor en seguridad, la propuesta representa un avance técnico en cuanto a la planeación operacional de las Fuerzas Militares y la coordinación de capacidades estatales. No obstante, advierte que la inclusión de entidades privadas y ciudadanos puede generar riesgos importantes, en la medida en que el proyecto no establece criterios claros de admisión, control ni evaluación de estas organizaciones.
“No indica cuáles serían los requisitos exigidos para ser aceptado, ni tampoco cuáles serían las condiciones de seguridad que deben reunir los miembros de esas organizaciones. Esto puede poner en peligro la seguridad nacional”, explicó Castañeda.
El analista también señala que, sin filtros adecuados, un miembro de un grupo armado organizado podría infiltrarse en el sistema, accediendo a información sensible sobre operaciones estratégicas de defensa.
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¿Qué sigue?
El proyecto de ley inicia ahora su trámite legislativo en el Congreso, donde deberá superar debates en comisiones y plenarias de Senado y Cámara. De ser aprobado, marcaría un cambio significativo en la forma como el Estado colombiano regula su política de defensa, fortaleciendo la claridad institucional y delimitando funciones con precisión.
El debate parlamentario seguramente se centrará en temas como:
- El alcance real de la exclusión de la Policía Nacional.
- Las garantías de participación ciudadana sin comprometer la seguridad.
- La supervisión del Consejo de Defensa Nacional.
- El rol de las organizaciones privadas y los criterios de admisión.
La nueva Ley de Defensa Nacional que propone el Gobierno busca poner orden en un sector vital del Estado que, hasta ahora, ha operado con normas fragmentadas y desarticuladas. Al dejar por fuera a la Policía Nacional, el proyecto pretende evitar la militarización de la seguridad pública y reforzar la noción de defensa como un deber estratégico del Estado, y no una respuesta a problemas cotidianos de seguridad urbana.
El desafío, sin embargo, estará en garantizar que la apertura del sistema a actores no estatales no termine debilitando lo que busca fortalecer: la soberanía, la institucionalidad y la capacidad de respuesta nacional frente a amenazas reales.
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