El Gobierno Nacional ha presentado un proyecto de decreto que busca regular el abandono y la suspensión temporal o definitiva de pozos de exploración y explotación de gas y petróleo, tanto en operaciones continentales como costa afuera. La normativa establece que los pozos inactivos no podrán permanecer en ese estado por más de seis meses, y durante este tiempo deberán ser asegurados y monitoreados por los operadores para garantizar su integridad.
La propuesta exige que las empresas presenten al Ente de Fiscalización un programa de abandono o justificaciones técnicas para suspensiones temporales, acompañado de un análisis de integridad y un plan de aseguramiento. Estos trámites deberán realizarse con al menos 30 días de anticipación al vencimiento del periodo de inactividad, y la entidad contará con 15 días hábiles para responder.
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Entre las disposiciones, se establecen plazos diferenciados según el tipo de pozo. Por ejemplo, los pozos en perforación podrán ser suspendidos por hasta tres meses, prorrogables a nueve, mientras que los pozos que ya prestaron servicios tendrán un periodo inicial de 12 meses, con prórrogas de hasta 36 meses. Estas medidas buscan garantizar un manejo técnico y responsable de los recursos.
Con esta regulación, el Gobierno pretende fortalecer los estándares técnicos y ambientales de la industria petrolera en el país, alineándola con prácticas internacionales y minimizando riesgos asociados a la inactividad de pozos. La normativa, actualmente en fase de comentarios, marcaría un paso hacia operaciones más sostenibles y seguras en el sector.
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