El Huila vuelve a estar en la mira de los grupos armados. A las disputas de las disidencias de las Farc se suma ahora la posible incursión del ELN, confirmada en investigación por el Ministerio de Defensa, lo que enciende las alarmas sobre un recrudecimiento del conflicto en el departamento.
DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
La seguridad en el Huila atraviesa un momento crítico. A las disputas que desde hace meses protagonizan las disidencias de las Farc por corredores estratégicos y economías ilícitas, se suma ahora una nueva alerta: la posible expansión del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hacia este departamento.
La advertencia fue hecha por el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, quien confirmó que las autoridades analizan información de inteligencia que sugiere el desplazamiento de hombres armados desde el Caquetá con destino al Huila. El escenario, de confirmarse, agravaría la ya compleja confrontación en un territorio donde el narcotráfico y la minería ilegal son el combustible de la violencia.
Una disputa que no da tregua
“Todas las disidencias han intentado entrar allá”, precisó el ministro Sánchez, al referirse a la situación que vive el Huila. En lo que va del año, más de 300 integrantes de estructuras criminales han sido neutralizados en este departamento, en medio de una ofensiva militar que busca frenar la consolidación de corredores ilegales.
Uno de los casos más recientes fue la captura de un delincuente que intentaba ingresar al Huila por el norte, a través de Icononzo, en el Tolima, con el objetivo de abrir un nuevo paso para estas organizaciones. La operación evidenció que los grupos ilegales no solo avanzan desde el sur (Caquetá y Putumayo), sino que también buscan penetrar desde zonas limítrofes con el Tolima y el Meta.
De confirmarse la presencia del ELN, el mapa criminal en el Huila sumaría un nuevo actor armado, lo que podría recrudecer los enfrentamientos y aumentar los riesgos para la población civil.
El factor económico: narcotráfico y minería ilegal
El ministro de Defensa fue claro en identificar las motivaciones de esta escalada violenta: narcotráfico y minería ilegal. “Siempre que haya narcotráfico y minería ilegal, se pelearán los bandidos por ello. Son carteles”, sostuvo Sánchez.
El sur del país se ha convertido en un punto neurálgico para estas economías ilícitas. Desde el Caquetá y el Putumayo, la cocaína se transporta hacia corredores que conectan con el Huila y el Tolima, lo que facilita su salida hacia el centro del país y, eventualmente, hacia los mercados internacionales.
La minería ilegal, por su parte, ha ganado fuerza en varias zonas rurales, generando rentas rápidas y difíciles de rastrear para los grupos armados. Estas actividades no solo financian su capacidad militar, sino que generan un impacto devastador en el medio ambiente y en las comunidades campesinas e indígenas, sometidas a extorsiones y trabajos forzados.
Golpes militares y líderes neutralizados
En los últimos meses, las Fuerzas Armadas han logrado neutralizar a figuras clave dentro de estas estructuras, como alias Cholinga y alias Libardo, identificados como objetivos de alto valor. Sin embargo, los propios mandos militares reconocen que, aunque estos golpes afectan temporalmente la capacidad de los grupos ilegales, la lucha va más allá de las bajas en combate.
El reto es estructural: mientras existan rentas ilícitas como la cocaína, la minería ilegal y las extorsiones, las organizaciones armadas tendrán motivos y recursos para expandirse. De ahí la importancia de que la ofensiva militar se complemente con políticas de inversión social, sustitución de economías ilícitas y presencia estatal integral.
Extorsión digital: una nueva modalidad de terror
Un fenómeno que preocupa a las autoridades es la mutación de las formas de intimidación y extorsión. Si antes los grupos armados imponían su control en caminos, veredas y plazas públicas, ahora han llevado las amenazas a las plataformas digitales.
El ministro Sánchez reveló que las extorsiones se realizan cada vez más a través de WhatsApp, Facebook y otras redes sociales, donde se envían mensajes masivos con amenazas y exigencias de dinero. “Lo que más afectó a la seguridad en Guaviare no fue la presencia de los criminales en las vías, fue un WhatsApp, el mensaje que se envió por ahí”, recordó el funcionario, al ejemplificar cómo el miedo se propaga sin necesidad de presencia física.
Para enfrentar este desafío, el Ministerio de Defensa trabaja en la implementación de una herramienta de inteligencia artificial que permita identificar patrones en estas amenazas digitales y judicializar a los responsables en coordinación con el Ministerio de Justicia.
El Huila: un departamento en la mira
La posición geográfica del Huila lo convierte en un punto clave para las economías ilegales. Con salida hacia el centro del país, conexión con la Amazonía y cercanía a corredores que llevan a la frontera con Ecuador, es un departamento donde convergen múltiples intereses de los grupos armados.
Los municipios del norte como Tello, Baraya y Colombia ya habían sido mencionados en alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo por la disputa entre disidencias. Ahora, con la posibilidad de que el ELN se sume al pulso criminal, el escenario de riesgo se amplía.
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En el sur, municipios como Íquira, La Plata y Algeciras enfrentan presiones constantes por ser zonas de tránsito y de asentamiento de grupos ilegales. En el centro, poblaciones como Garzón y Gigante ya reportan presencia de estructuras vinculadas al Estado Mayor Central.
En este contexto, el arribo del ELN al departamento podría significar una mayor fragmentación del control territorial, lo que derivaría en más confrontaciones y mayores riesgos para los líderes sociales, campesinos y comerciantes.
Riesgo para la población civil
La confrontación entre disidencias y un eventual ingreso del ELN incrementaría los riesgos para la población civil. Las comunidades rurales ya vienen denunciando extorsiones, amenazas y desplazamientos forzados, prácticas que se han intensificado en los últimos dos años.
El reclutamiento forzado de menores es otro de los flagelos más graves. En zonas como Íquira y Algeciras se han reportado casos de adolescentes utilizados como informantes, mensajeros o combatientes, lo que constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario.
Si el ELN se instala en el Huila, es previsible que estas prácticas se profundicen, en un intento de consolidar control social y político sobre las comunidades.
La respuesta del Gobierno
El ministro Sánchez aseguró que el Gobierno no bajará la guardia y que los operativos militares continuarán en el Huila. Sin embargo, reconoció que la lucha contra los grupos ilegales no puede limitarse al terreno militar.
Se requiere una estrategia integral que incluya:
- Fortalecimiento de la inteligencia militar y policial para anticipar movimientos de las estructuras criminales.
- Inversión social en las zonas rurales más golpeadas, con proyectos productivos y presencia institucional.
- Protección efectiva a líderes sociales y comunidades indígenas, principales víctimas de las amenazas.
- Coordinación con la justicia para judicializar a cabecillas y redes de apoyo urbano, incluyendo aquellas que operan en el ámbito digital.
La posible expansión del ELN hacia el Huila es un campanazo de alerta que no puede ser minimizado. El departamento ya enfrenta la presión de múltiples disidencias de las Farc, y sumar un nuevo actor armado podría desencadenar una escalada de violencia sin precedentes recientes.
El reto del Estado es doble: contener militarmente la expansión de estas estructuras y, al mismo tiempo, desactivar las economías ilícitas que las financian. Sin una acción integral, la población civil seguirá pagando los costos más altos de una guerra que, pese a los acuerdos de paz, aún no termina de apagarse en el sur del país.
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