En un nuevo intento por revivir sus reformas clave, el Gobierno de Gustavo Petro radicó ante el Senado la Consulta Popular 2.0, con 16 preguntas que abordan cambios profundos en el sistema laboral y de salud. La iniciativa, liderada por tres ministros, busca que sea el pueblo colombiano quien decida en las urnas el rumbo de estas políticas sociales.
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL
En un nuevo intento por sacar adelante sus principales reformas sociales, el Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó oficialmente el texto de una nueva consulta popular, esta vez con 16 preguntas que buscan someter a votación ciudadana los ejes centrales de las reformas laboral y de salud. La radicación fue encabezada por los ministros Armando Benedetti (Interior), Antonio Sanguino (Trabajo) y Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud), quienes llegaron el lunes 19 de mayo de 2025 a la sede del Congreso para entregar la propuesta al secretario general del Senado, Diego González.
Este movimiento político ocurre tras el reciente fracaso del primer intento de consulta, hundido en la plenaria del Senado apenas cinco días antes, lo que generó fuertes tensiones entre el Ejecutivo y algunos sectores del Legislativo. En esta ocasión, la consulta popular 2.0 incluye las 12 preguntas relacionadas con la reforma laboral, sumadas a cuatro nuevas preguntas enfocadas en transformar el sistema de salud colombiano, una de las banderas del actual Gobierno.
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“Volvemos a radicar la consulta, por instrucción del presidente Gustavo Petro y por pedido de la ciudadanía, que está de acuerdo con esta iniciativa, como lo indican las encuestas”, afirmó el ministro Jaramillo, quien funge además como ministro delegatario mientras el presidente se encuentra en gira internacional por China y el Vaticano. Para el Gobierno, este mecanismo de participación ciudadana representa una vía legítima para superar los bloqueos políticos y permitir que sea el pueblo colombiano quien decida sobre derechos fundamentales.
Entre los temas laborales planteados en la consulta destacan la reducción de la jornada laboral diurna a un máximo de ocho horas entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m., el pago del 100 % del recargo dominical y festivo, beneficios laborales para trabajadores informales como las empleadas domésticas y los repartidores de plataformas digitales, así como la promoción de la estabilidad laboral mediante contratos indefinidos.
También se incluyen preguntas sobre el fortalecimiento de los derechos de los jóvenes aprendices del SENA, trabajadores rurales, personas con discapacidad y trabajadores en el sector cultural, deportivo y comunitario. Además, se plantea la eliminación de formas de tercerización laboral que, según el Gobierno, violan los derechos fundamentales.
Las nuevas preguntas sobre salud buscan transformar de raíz el modelo actual. Se propone que el Estado compre o produzca directamente medicamentos para garantizar su entrega oportuna; que las EPS dejen de ser intermediarias financieras y se conviertan en gestoras; que la ADRES pague directamente a hospitales y clínicas, y que se implemente un modelo de atención primaria basado en prevención y resolución efectiva.
Igualmente, se consulta si los colombianos están de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para el personal de salud, que asegure su vinculación formal, salario justo y protección de sus derechos laborales, lo cual ha sido una exigencia histórica de miles de profesionales del sector.
La iniciativa del Gobierno requerirá al menos 53 votos en el Senado para avanzar hacia su aprobación definitiva y posterior convocatoria a las urnas. De lograrse, sería una de las consultas populares más ambiciosas en la historia reciente del país, tanto por el número de preguntas como por su contenido estructural.
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La propuesta, sin embargo, ya ha generado reacciones divididas. Mientras sectores afines al Gobierno celebran la voluntad de empoderar a la ciudadanía, voces de la oposición critican que se use este mecanismo como una estrategia para evadir el debate legislativo y tensionar aún más el ambiente político nacional.
La radicación de esta nueva consulta marca un hito en la confrontación entre las prioridades del Ejecutivo y los tiempos del Congreso, y plantea un escenario incierto: o el país va a las urnas a decidir el rumbo de su política laboral y de salud, o se abre una nueva fase de negociación y disputa entre poderes. Por ahora, el Gobierno Petro ha dejado clara su determinación de no desistir de sus reformas y de buscar, por todos los medios legales, que sean los colombianos quienes definan su futuro.
