Autoridades del Huila celebran la reducción de casos de violencia por prejuicio contra personas LGBTI+ los cuales incluyen homicidios, amenazas, violencia sexual, desplazamientos forzados, y discriminación en salud, trabajo y educación, motivados por el odio y rechazo a la orientación sexual o identidad de género.
DIARIO DEL HUILA, HUILA
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez
La Secretaría de la Mujer, Familia e Inclusión Social y la Secretaría de Salud Departamental en conjunto con todas las dependencias de la gobernación del Huila viene avanzando en las estrategias que puedan construir espacios de sin violencia y cero discriminaciones en razón a la orientación sexual e identidad de género diversa.
“Estas acciones y estas estrategias nos han permitido ir avanzando en la construcción de estos espacios y nos lo ha venido evidenciando toda vez que los casos del año pasado a esta misma fecha estábamos en 188 casos y la fecha al 2025 en comparación tenemos 65 casos”, sostuvo Felipe Solano, coordinador del Programa de Diversidad Sexual e Identidades de Género de la Secretaría de la Mujer.
De acuerdo con el funcionario, reconocen que falta mucho por seguir trabajando para poder disminuir a cero la violencia por prejuicio en razón a la orientación sexual de la entidad de género diversa.
“El compromiso del señor gobernador Rodrigo Villalba y las secretarías que hacen parte de la gobernación del Huila siguen comprometidas con el fin de que pueda disminuirse a cero la violencia en razón a la orientación sexual de la entidad de género diversa, con satisfacción vemos la reducción, eso quiere decir que vamos en el camino correcto”, indicó el coordinador del Programa de Diversidad Sexual e Identidades de Género de la Secretaría de la Mujer.
Sin embargo, no deben de bajar la guardia con estrategias y charlas hacia la comunidad para el respecto y tolerancia de las personas con orientaciones sexuales.
“Esperamos reforzar en el 2026 estas estrategias para que puedan beneficiarse de esos espacios seguros para las personas con orientaciones sexuales e identidad de género diversa a través de la sensibilización de la ciudadanía y de todas las formaciones que se hacen a los funcionarios públicos de las diferentes entidades territoriales”, concluyó el funcionario de la gobernación del Huila.
Contexto nacional
Los casos de violencia por prejuicio contra personas LGBTI+ incluyen homicidios, amenazas, violencia sexual, desplazamientos forzados, y discriminación en salud, trabajo y educación, motivados por el odio y rechazo a la orientación sexual o identidad de género, con las mujeres trans y hombres gays siendo frecuentemente las víctimas más afectadas en países como Colombia,
donde la violencia institucional y la falta de registro adecuado invisibilizan la problemática, según informes de la CIDH, Colombia Diversa y la Defensoría del Pueblo.
Estos actos violentos se manifiestan desde discursos de odio e incitación, hasta torturas y tratos crueles, y buscan castigar y eliminar simbólicamente a quienes no se ajustan a normas heteronormativas, como lo evidencian casos de represión policial y legislaciones restrictivas en otras partes del mundo.
La JEP ha acreditado a más de 630 víctimas de violencia sexual
La JEP avanza en la investigación de crímenes de violencia sexual, violencia reproductiva, actos motivados por prejuicio y otras violencias basadas en género ocurridas durante el conflicto armado. Se trata de algunas de las violencias más graves y con mayores niveles de impunidad en el país. A la fecha, el Caso 11 ha acreditado a 635 víctimas interesadas en participar en el proceso judicial que desarrolla la Sala de Reconocimiento de Verdad, la cual ha llamado a rendir versión a 62 comparecientes: 35 exintegrantes de las Farc-EP y 27 integrantes de la fuerza pública.
Desde que la JEP abrió el Caso 11, en septiembre de 2023, la magistratura ha implementado mecanismos de confidencialidad, seguridad y acompañamiento especializado para garantizar la participación de las víctimas. Por más de 50 años, los crímenes basados en el género en el conflicto armado enfrentaron graves barreras para su denuncia e investigación, lo que refuerza la importancia de proteger los relatos de las víctimas y asegurar condiciones dignas para su declaración ante la JEP. Estas medidas se han aplicado en las fases de pedagogía y acreditación y continuarán durante las versiones voluntarias en curso.
Para investigar los crímenes, el Caso 11 se divide en tres subcasos: el primero examina hechos atribuidos a la extinta guerrilla de las Farc-EP contra la población civil; el segundo analiza conductas cometidas por integrantes de la fuerza pública contra civiles; y el tercero aborda hechos ocurridos al interior de las propias filas, tanto de las Farc-EP como de la fuerza pública. De esta forma, la investigación permite establecer de manera diferenciada las máximas responsabilidades de los distintos actores.
Del total de víctimas acreditadas, 322 corresponden al Subcaso 1, que reúne a mujeres y hombres de la población civil afectados por violencias de género cometidas por las Farc-EP (286 víctimas directas y 36 indirectas). En el Subcaso 2 se acreditaron 292 víctimas de violencias de género cometidas por integrantes de la fuerza pública (234 directas, 55 indirectas y tres colectivas: un colectivo de mujeres, un colectivo LGBTIQ+ y una organización de hombres). En el Subcaso 3 han sido acreditadas 21 víctimas (19 directas y 2 indirectas) de violencias de género ocurridas al interior de las Farc-EP y de la fuerza pública. Del total de víctimas acreditadas, 124 se reconocen como indígenas o afrocolombianas.
La JEP ha adelantado un amplio ejercicio de sistematización y análisis de información proveniente de informes de la sociedad civil, expedientes judiciales y relatos de víctimas. De esta forma, la JEP pone un foco especial en los elementos discriminatorios de estas violencias y en las dinámicas de guerra, que reflejan y multiplican las discriminaciones estructurales que históricamente han afectado a mujeres, niñas y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.
Actualmente, en el Subcaso 1 del Caso 11, a cargo del despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, se investigan hechos documentados de violencia sexual, reproductiva y por prejuicio contra población civil durante el conflicto armado atribuidos a distintos bloques de las extintas Farc-EP por estos crímenes.
En el Subcaso 2, que lleva el magistrado Óscar Parra Vera, se avanza en la construcción de un Universo Provisional de Hechos, es decir, una primera delimitación de víctimas y hechos de violencias de género cometidas por integrantes de la fuerza pública, a partir del análisis de los informes entregados por sociedad civil, revisión de expedientes y mediante diligencias de contrastación de información, las cuales se han adelantado en Putumayo, Montes de María y con colectivos de hombres víctimas.
En el Subcaso 3, liderado por la magistrada Lily Rueda Guzmán, se han realizado diligencias de escucha directa con víctimas y se adelantan gestiones con entidades nacionales para documentar violencias de género cometidas al interior de la fuerza pública y de las Farc-EP.
En paralelo a las investigaciones que conforman el Caso 11, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha desarrollado 138 jornadas de pedagogía y divulgación con más de 3.000 participantes, así como 188 espacios de asesoría para acreditación en cada uno de los subcasos. Estas acciones han permitido ampliar el acceso de las víctimas al proceso y garantizar que sus relatos sean parte central de la investigación.
Comparecientes llamados a versión
La JEP ha llamado a 62 comparecientes a rendir versión voluntaria por hechos de violencia sexual, reproductiva y de género documentados en el Caso 11. De ellos, 27 son integrantes de la fuerza pública, de los cuales 10 ya rindieron versión por violencias basadas en género cometidas contra mujeres civiles en Putumayo, con lo cual se concluyó la primera ronda de versiones voluntarias en el Subcaso 2. Como resultado parcial, se obtuvo el reconocimiento de algunos hechos de violencia sexual y de género cometidos por agentes de la fuerza pública, que serán objeto de valoración judicial.
Asimismo, 17 comparecientes más deberán rendir versión antes de finalizar el año por hechos ocurridos en Meta, La Guajira, Norte de Santander, Boyacá, Arauca y Cundinamarca. En estas versiones, en un trabajo articulado con el Subcaso 3, también se ha indagado por el funcionamiento interno de las fuerzas estatales, con el propósito de establecer factores que pudieron propiciar o incentivar violencias de género en sus filas.
También han sido llamados 35 exintegrantes de las Farc-EP, pertenecientes a distintos a los antiguos Comando Conjunto Central, Bloque Occidental, Bloque Noroccidental, Bloque Magdalena Medio y Bloque Caribe, quienes deberán responder por hechos de violencia sexual, reproductiva, por prejuicio y otras formas de violencia basada en género, cometidos por sus respectivas estructuras de las Farc-EP contra población civil. La magistratura ha preguntado por 693 hechos documentados en los informes presentados por las víctimas y organizaciones sociales.
La JEP reafirma su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de violencia sexual y continuará fortaleciendo los espacios de participación, escucha y protección para garantizar que sus voces estén en el centro del proceso. Este no es un caso limitado a investigar conductas aisladas, sino una investigación orientada a comprender los motivos y las lógicas de las organizaciones armadas, sustentadas en relaciones de poder y dominación de género que, en el marco del conflicto, se reprodujeron mediante el uso de las armas y el ejercicio de la violencia, con el propósito de que haya justicia y contribuir a que estos crímenes no se repitan.
