Cansados de las inundaciones, los daños en el alcantarillado y la falta de agua potable, los vecinos de Aldebarán y Alcalá decidieron acudir a la justicia. A través de una acción popular, buscan que se les garantice una solución definitiva a los innumerables incumplimientos de la constructora Berdez frente a la entrega de sus viviendas.
Por: Niyireth Cruz García
En el mes de junio, el barrio Alcalá sufrió una grave inundación provocada por el aumento del caudal del río Magdalena durante la temporada de lluvias. La apertura de las compuertas de la represaagravó la situación, afectando varias cuadras y dejando numerosas viviendas inundadas por el desbordamiento del agua.
Los barrios Alcalá y Aldebarán, ubicados en la zona norte del municipio de Palermo, fueron construidos cerca del cauce del río Magdalena, en un terreno que, según la CAM, debía ser considerado zona de protección ambiental por su alta vulnerabilidad a inundaciones. Las recientes lluvias evidenciaron la precariedad de las obras de drenaje y la falta de planificación urbana, lo que hoy mantiene en emergencia sanitaria y jurídica a decenas de familias.
Las problemáticas que se han tenido desde el inicio
Cuando el agua del río Magdalena se desbordó y cubrió algunas las calles de Alcalá y Aldebarán, los vecinos no solo perdieron enseres. Perdieron también la confianza en las instituciones que debieron velar por su seguridad. Las casas, construidas en lo que hoy se confirma como una zona inundable, fueron levantadas con permisos cuestionados y, según los habitantes, con omisiones y negligencias administrativas.
Víctor Vladimir Vallecilla, presidente de la veeduría ciudadana de estos barrios del norte de Palermo (Huila), resume la situación con una frase bastante cuestionable:
“Nos vendieron una ilusión, pero esa ilusión nunca se cumplió. La gente se siente robada, estafada”.
Una construcción sobre terreno prohibido
Según Vallecilla, los vecinos obtuvieron una notificación de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) que señalaba que el terreno era zona inundable del río Magdalena. Sin embargo, la constructora responsable del proyecto habría omitido esa advertencia, gestionando en cambio un permiso del Ministerio de Ambiente para obtener las licencias de construcción ante la Alcaldía de Palermo.
“La constructora se pasó por encima de la CAM. Sacaron un permiso del Ministerio de Medio Ambiente y con ese certificado fueron a la Alcaldía, que terminó otorgando la licencia”, asegura el líder comunitario.
Pese a las solicitudes de los habitantes, los documentos que sustentan esa licencia no han sido entregados. “Hemos pedido los papeles, pero la Alcaldía los ha negado. Por eso vamos a interponer una acción de tutela por la falta de respuesta”, añade Vallecillo. El objetivo de la acción de tutela, es para que esos documentos sean entregados a la comunidad y poder esclarecer las responsabilidades en el proceso.
Acciones legales y acompañamiento de la Defensoría
La comunidad, cansada de esperar soluciones, avanza en dos frentes jurídicos: una acción de tutela para exigir la información y una acción popular en preparación con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo Regional Huila.
“La Defensoría ya solicitó autorización a la sede nacional para presentar la acción popular. Esperamos su aprobación para radicarla, porque los problemas son muchos: inundaciones, alcantarillado colapsado, malos olores y un agua que no es potable”, explica Vallecilla, quien preside también la veeduría ciudadana que hace seguimiento al proceso.
Olores, aguas negras y un riesgo sanitario latente
A pocos metros de las viviendas se encuentra una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales(PTAR) que, según los vecinos, no cumple con los estándares mínimos. “Está a menos de 30 metros de las casas. Cuando se rebosa, el olor es insoportable y afecta la salud de todos”, relata el líder.
Durante las inundaciones, las aguas residuales se devolvieron por las alcantarillas, mezclándose con el agua de lluvia. “Salía agua sucia, con olor fétido. Fue terrible”, recuerda.
Los intentos de la constructora por solucionar la situación, dice, no han sido convincentes. “Hicieron unos huecos con cemento y pusieron una motobomba para sacar el agua cuando suba el nivel, pero no sabemos si eso servirá o no. Hasta que lleguen las lluvias no lo sabremos”. Ahora la incertidumbre es porque vuelve la época de invierno y la comunidad está preocupada frente a posibles inundaciones que puedan volver afectar sus viviendas.
El agua que no se puede beber
A las inundacionesse suma otro problema estructural: el agua no es apta para el consumo humano.
“La mayoría de familias compramos garrafones de agua. La del acueducto solo la usamos para bañarnos. Cuando uno limpia con esa agua, deja manchas blancas como tiza”, relata Vallecillo, preocupado por las posibles afectaciones a la salud pública.
Otro habitante señaló que, además de las fallas en el suministro y el alto costo del servicio, la respuesta de SEMDO, empresa encargada del acueducto, no ha sido positiva. A esto se suma que, al no haberse realizado el desenglobe de los predios con el municipio de Palermo, los vecinos no han podido conformar juntas de acción comunal, lo que limita su capacidad de gestión ante las autoridades.
“La Alcaldía se lava las manos”
La comunidad señala a la Alcaldía de Palermo como corresponsable de la situación. “La Alcaldía fue la que dio el permiso final para construir”, afirma el presidente de la veeduría.
Según dice, el argumento actual del municipio para no intervenir es que los residentes no paganimpuestos. Pero, aclara, esa situación se debe a que el terreno no ha sido desenglobado legalmente.
“Nos llegan recibos de 2.000 o 3.000 pesos, pero eso no es culpa nuestra. La Alcaldía nunca hizo el desenglobe del lote. No pueden excusarse en eso para no invertir. Fue la misma administración la que permitió construir donde no se debía”, enfatiza.
Vallecilla recuerda que la licencia de construcción fue otorgada durante la administración de la exalcaldesa Natalia Caviedes, “autorizada por los concejales de la época”.
Entre la ilusión y el desencanto
Los vecinos de Alcalá y Aldebarán compraron sus viviendas con la ilusión del techo propio. Hoy, viven con miedo a las lluvias. “Nos vendieron el sueño de la casa, pero nos entregaron una preocupación permanente”, dice uno de los residentes.
El sentimiento es compartido: desconfianza, frustración y una sensación de abandono. “Nos estafaron. No tenemos tranquilidad. Cuando no es el agua, son los malos olores. Uno compra una casa con mucha ilusión, y las venden es por medio de mentiras”. Afirma que la constructora nunca los dejó acceder a los lotes cuando se estaba construyendo, que siempre habían excusas.
Un llamado a la responsabilidad institucional
Mientras esperan la respuesta de la Defensoría del Pueblo para avanzar con la acción popular, los habitantes continúan documentando las afectaciones. Esperando encontrar soluciones y un compromiso por parte de la alcaldía de Palermo y la constructora Berdez.
“Queremos que se sepa la verdad y que se asuman responsabilidades. No es justo que, por errores de unos pocos, más de 400 familias vivamos en riesgo”, concluye Víctor Vladimir.
Versión del Alcalde del municipio
El alcalde del municipio de Palermo, Kleiver Oviedo, explicó a este medio de comunicación que los terrenos donde hoy se ubican los barrios Alcalá y Aldebarán fueron catalogados, en el anterior Plan de Ordenamiento Territorial (POT), como zonas rurales e inundables.
“Nosotros nunca nos hemos opuesto al desarrollo ni a que se generen proyectos de vivienda en la región. Sin embargo, en su momento se advirtió que, por las condiciones del terreno, era necesario construir muros de contención o estructuras de mitigación que evitaran que el río afectara las viviendas en el futuro”, señaló el mandatario local.
El alcalde recordó que en años anteriores ya se habían presentado emergencias por inundaciones en el mismo sector, lo que llevó a la reubicación de varias familias. “Después, seguramente, bajo la interpretación de que construyendo muros se podía habilitar nuevamente la zona, se permitió el proceso de urbanización. Pero hoy la duda que tenemos es si realmente esas obras de contención se realizaron o no”, enfatizó Oviedo.
Según explicó, el proceso de urbanización fue impulsado por un promotor privado que contaba con la expectativa de construir y vender viviendas en esos terrenos. No obstante, las licencias de construcción fueron otorgadas por el municipio en gobiernos anteriores, lo que deja en entredicho la responsabilidad institucional frente a los daños actuales.
“La preocupación que tenemos es que, a raíz de todas estas situaciones, se podrían presentar demandas contra el municipio por parte de los residentes afectados. Esto pondría en riesgo las finanzas locales, porque hablamos de reclamaciones que pueden llegar a ser millonarias y comprometer seriamente el presupuesto municipal”, advirtió el alcalde.
El mandatario aseguró que la administración está dispuesta a buscar soluciones de mitigación y prevención del riesgo, pero insistió en que el problema de fondo radica en la falta de planificación territorial.
“Palermo necesita organizar su territorio de manera seria y responsable. El nuevo Plan de Ordenamiento Territorial debe hacerse con rigor técnico, teniendo en cuenta la gestión del riesgo, las zonas de protección ambiental y la expansión urbana. Es necesario corregir los errores del pasado”, afirmó.
Durante el reciente foro sobre ordenamiento territorial, Oviedo reiteró que en el municipio existen diferencias significativas entre lo que registran los documentos oficiales y la realidad en terreno. Uno de los casos más críticos, señaló, es el sector de Amborco, donde se presenta una gran brecha en los registros del Sisbén.
“Según el Sisbén, en Amborco aparecen registradas apenas 404 personas, pero en realidad viven más de 17.000 habitantes. Eso significa que el Estado nos gira recursos para atender a 400 personas, pero nosotros tenemos que responder por miles más. Esa diferencia nos afecta en todos los frentes: salud, educación, seguridad y servicios públicos”, explicó el alcalde.
Finalmente, Oviedo subrayó la urgencia de fortalecer la planeación municipal y actualizar la información demográfica y catastral. “Hoy necesitamos con urgencia mejorar el alumbrado público, la seguridad y la atención en salud. Pero para hacerlo bien, debemos partir de una base real y ordenada del territorio. Solo así evitaremos repetir los errores que hoy están generando tanto dolor y desconfianza en las comunidades”, concluyó.
Falta de planificación urbana
El caso de Aldebarán y Alcalá evidencia una de las mayores fallas de la planificación urbana en el Huila: la débil articulación entre las autoridades ambientales, municipales y las empresas constructoras. La otorgación de licencias en zonas clasificadas como inundables, pese a las advertencias de la CAM, revela una cadena de omisiones administrativasy una preocupante falta de control sobre el desarrollo territorial. Las familias, que adquirieron sus viviendas confiando en la legalidad de los proyectos, hoy enfrentan un riesgo constante y una incertidumbre jurídica que pone en entredicho la responsabilidad del Estado frente a la protección del derecho a la vivienda digna.
Más allá del conflicto legal, lo ocurrido en estos barrios deja al descubierto la crisis estructural del modelo de urbanización en municipios intermedios como Palermo, donde el crecimiento demográfico ha superado la capacidad institucional para planificar y vigilar. Las viviendas construidas sobre suelos inseguros, los servicios públicos deficientes y la falta de actualización catastral y del Sisbén son síntomas de un mismo problema: la desconexión entre la planeación y la realidad social. Lo que empezó como un proyecto de desarrollo terminó convirtiéndose en un foco de riesgo y desconfianza ciudadana, que exige no solo respuestas inmediatas, sino también una reforma profunda en la gestión del territorio y la transparencia en la expedición de licencias de construcción.
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