El desespero de la sociedad colombiana por el avance exponencial que ha tenido la extorsión a todos los agentes económicos durante el gobierno del cambio, ha provocado el más profundo rechazo por la permisividad de que todas las organizaciones narcoterroristas se hayan empoderado, producto de la implementación de la fracasada política de la paz total. Se ha convertido en el más grande sofisma de distracción, tendiente para que estas organizaciones criminales se fortalezcan para tener bajo su dominio a más de 800 municipios del país. Los propietarios de los establecimientos se encuentran atemorizados por la presión y las amenazas de los grupos delincuenciales que operan en el territorio Nacional. El Huila no se sustrae de este flagelo. Esta es la manifestación clara de la incapacidad gubernamental del ejecutivo para contrarrestar la criminalidad que tiene azotada a las dos terceras partes de las localidades en el país. Son impresionantes los testimonios que nos expresan como les toca acudir a las citas que convocan dichas organizaciones narcoterroristas en las montañas, para que paguen las vacunas, con el fin de evitar ser sujetos a los atentados terroristas o en su defecto contra la integridad personal de sus propietarios y familiares.
Por este motivo, es muy preocupante lo que está sucediendo en la mayoría de los municipios huilenses. Estas organizaciones delincuenciales están cambiando de estrategia. Ya no atacan a los establecimientos comerciales con bombas. Ahora amenazan a sus propietarios a sus familiares para asesinarlos. Viven atemorizados ante la mirada displicente del gobierno nacional, que no genera una política frontal contra estas estructuras subversivas. Viven pensando en generar cortinas de humo para desviar la atención de las familias colombianas, mediante propuestas maquiavélicas tendientes a buscar la reelección automática de este nefasto e incompetente gobierno para manejar los asuntos de Estado. Así los sectores políticos afectos al ejecutivo digan lo contrario. Lo anterior les va a pasar factura en las próximas elecciones. El Huila ha estado padeciendo con crudeza esta desbordada alteración del bienestar y paz de los hogares esta región.
Es lamentable que la localidad de Baraya y de los municipios aledaños, estén padeciendo de este karma. Hasta los vendedores ambulantes, los transportadores y los comerciantes tienen que pagar vacunas a estas estructuras criminales que deambulan libremente en esta región. Son reiteradas las quejas de sus habitantes a esta tribuna de opinión, que se encuentran desesperados por las constantes amenazas para que tributen con el objeto de financiar sus actividades ilícitas. A pesar de los ingentes esfuerzos que realizan los organismos de seguridad y el liderazgo del gobernador Rodrigo Villalba Mosquera, para contrarrestar este avance criminal, es importante que la ciudadanía contribuya y estén en permanente interacción con la Fuerza Pública y el Ejército Nacional, para hacerle frente a este flagelo, que no puede desbordar la capacidad de respuesta del Estado.
