El abultado déficit fiscal que presentan las finanzas nacionales, están generando múltiples dificultades al gobierno nacional para atender los diferentes compromisos que adquirieron desde la campaña electoral. Se han seguido generando una creciente oleada de protestas sociales para exigir del ejecutivo la financiación de las demandas sociales, en todas las áreas de inversión, que se encuentran condensadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Diferentes organizaciones sociales han empezado a realizando taponamientos que están paralizando el tránsito vehicular y por ende, están afectando la dinámica productiva de las regiones. Con ello, buscan presionar al Estado para que le sean solucionados las diferentes problemáticas que las aqueja, Fueron muchas las expectativas que se crearon. Pero nunca, las autoridades económicas del país pensaron sobre las dificultades que iban a tener con los recaudos tributarios, que les permitieran atender a éstas.
Este panorama social, se está reflejando también en el bienestar de las familias colombianas. Es importante aclarar, que no estamos haciendo oposición al gobierno del presidente Petro. De manera objetiva, expresamos a través de esta tribuna, todo el ambiente adverso que está presentando la sociedad colombiana. El desbordamiento del gasto público el año anterior creció un 22%, mientras los tributos solo lo hicieron al 5%. Lo anterior, genera un desequilibrio abismal para atender dichas demandas sociales. Los indicadores económicos de las diferentes actividades que conforman el PIB presentaron resultados negativos. Además, el aumento exponencial de la criminalidad ha crecido en más del 30% en el territorio colombiano, que ha desbordado la capacidad de respuesta de los organismos de seguridad del Estado. Desplazamientos forzados como los están ocurriendo en el Catatumbo donde más de 56 mil personas han abandonado sus parcelas por temor a ser asesinados por las organizaciones subversivas que operan en la región. Igualmente, la masacres de más de 100 personas que han ocurrido en dicha región donde no existe autoridad del Estado, que se encuentran a merced de la delincuencia narcoterrorista.
Ya se empiezan a presentar desplazamientos en otros departamentos como el Chocó, Antioquia, Cauca y Nariño, entre otros, que están sometidos a las decisiones de estas organizaciones delictivas, donde el Estado se siente incapaz para contrarrestarlos. La extorsión tiene sumida a los agentes económicos (familias, empresas y estado), quienes se encuentran sometidas al pago de vacunas, so pena de ser asesinados salvajemente por estos actores desadaptados socialmente. Por tal motivo, muchas unidades productivas son abandonadas y se convierten automáticamente en sujetos inactivos para que sigan tributando a la Dian. Algunos expertos consideran que la criminalidad, recauda más dinero que la Dian. A esta casa editorial, acuden varios actores productivos para expresar, sus preocupaciones por las presiones extorsionistas y amenazas de muerte, a que son sometidas para pagar las vacunas, aunque las autoridades militares les están propinando grandes golpes a estas estructuras criminales, bajo el liderazgo del gobierno departamental.
