El abultado déficit fiscal que presentan las finanzas nacionales, están generando múltiples dificultades al gobierno nacional para atender los diferentes compromisos que adquirieron desde la campaña electoral. Se han seguido generando una creciente oleada de protestas sociales para exigir del ejecutivo la financiación de las demandas sociales, que se encuentran condensadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Diferentes organizaciones sociales han venido realizando taponamientos y protestas sociales, que están afectando la dinámica productiva de las regiones. Con ello, buscan presionar al Estado para que le sean solucionados las diferentes problemáticas que les aqueja. Fueron muchas las expectativas que se crearon. Pero nunca, las autoridades económicas del país pensaron sobre las dificultades que iban a tener con los recaudos tributarios, que les permitieran atender a éstas.
Este panorama social, se está reflejando también en el bienestar de las familias colombianas. Es importante aclarar, que no estamos haciendo oposición al gobierno del presidente Petro. De manera objetiva, expresamos a través de esta tribuna, todo el ambiente adverso que está presentando la sociedad colombiana. El desbordamiento del gasto público el año anterior, creció un 22%, mientras los tributos solo lo hicieron al 5%. Lo anterior, genera un desequilibrio abismal para atender dichas demandas sociales. Los indicadores económicos de las diferentes actividades que conforman el PIB presentaron resultados negativos. Además, el aumento exponencial de la criminalidad ha crecido en más del 60% en el territorio colombiano, que ha desbordado la capacidad de respuesta de los organismos de seguridad del Estado. Desplazamientos forzados como los están ocurriendo en el Catatumbo, en el sur de Bolívar, Chocó, Guajira, Cauca, Guaviare y la Guajira, donde más 60 mil personas se encuentran confinados y desplazados por presión de la subversión que operan en esas regiones, donde no existe autoridad del Estado, que se siente impotente para contrarrestarlos.
La falta de recursos se refleja también en el proyecto de presupuesto para la vigencia 2026, que se encuentra totalmente desfinanciado, por el abultado déficit fiscal que presentan las finanzas públicas nacionales. Y lo risible, es que está supeditado a la aprobación de una nueva reforma tributaria, que buscaría el recaudo de $26 billones, pero que, dada la coyuntura política actual, será muy difícil que el legislativo se lo apruebe. El monto total del PGN del último año de la administración Petro apunta a 556,9 billones de pesos, un 9 por ciento más de lo aprobado para este año y más de 4,5 puntos por encima de la inflación proyectada. Por tal motivo, las inversiones que se tienen previstas ejecutar durante el último año del actual mandato en los entes territoriales, incluido el Huila, presenta una incertidumbre para que el ejecutivo les gire esas transferencias. Las 40 grandes obras que están contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo para el departamento, se pueden convertir en otras promesas fallidas.
