Redacción Web
Durante dos días, la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, adelantó una audiencia de verificación en el marco del macrocaso 01, que investiga los más de 21.000 casos de secuestro cometidos por las extintas Farc-EP. Esta diligencia, liderada por la Sección de Reconocimiento de Verdad, buscó establecer si existen las condiciones necesarias para emitir la primera sentencia contra el último secretariado de esa guerrilla, en el marco del sistema de justicia transicional.
En este espacio, los magistrados escucharon a diversas entidades del Estado encargadas de garantizar los recursos para ejecutar las sanciones con contenido restaurador y reparador propuestas, así como a las víctimas acreditadas en el proceso. Estas últimas, sin embargo, fueron enfáticas en manifestar su inconformidad con los avances y resultados presentados hasta el momento.
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Duros cuestionamientos
Durante la jornada final, que se extendió por más de diez horas, varias víctimas tomaron la palabra y cuestionaron la eficacia y profundidad del proceso de esclarecimiento de la verdad, así como la pertinencia de los proyectos restaurativos diseñados.
María Argensola Quintero, víctima acreditada ante la JEP, expresó su decepción frente a lo que considera una verdad incompleta. “Las víctimas no buscamos venganza, sino dignidad y garantías de no repetición”, afirmó. Rechazó que la narrativa de los hechos se presente fragmentada o suavizada con eufemismos. “Exigimos una verdad completa, sin rodeos, sin justificaciones ideológicas ni militares”, agregó.
Por su parte, Arley Ducuara cuestionó la efectividad de los proyectos restaurativos propuestos, al considerar que no representan una verdadera reparación para las víctimas. “Un monumento de concreto no representa la integridad de las mujeres que fueron violadas. Una cerámica con nombres no refleja el dolor de quienes fueron secuestrados y torturados”, afirmó. Criticó también que se pretendan usar libros como mecanismos de reparación simbólica, cuando las víctimas requieren soluciones concretas que les permitan reconstruir su vida y la de sus familias.
Ducuara también advirtió sobre un posible sesgo institucional en favor de los excombatientes, al manifestar que “la JEP solo favorece a las exFarc” y que las víctimas han sido incluidas de forma superficial, sin participación efectiva en la definición de las sanciones.
‘Hemos sido utilizados’
En un tono igualmente crítico, Domingo Navarro, otra víctima interviniente, afirmó que las víctimas se han sentido utilizadas. “La JEP nos lleva, nos trae, nos da hotel y comida, pero no hemos sentido que realmente seamos el centro del proceso”, declaró.
Al concluir la audiencia, la JEP anunció que contará con un plazo de 20 días hábiles para analizar las intervenciones y las propuestas presentadas por las entidades del Estado y las víctimas, antes de emitir la primera sentencia contra los siete exmiembros del antiguo secretariado de las Farc: Rodrigo Londoño (Timochenko), Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Carlos Antonio Lozada y Rodrigo Granda.
La Jurisdicción deberá determinar si las condiciones actuales permiten que las sanciones propias propuestas —que no implican cárcel, pero sí un alto contenido restaurativo— sean impuestas en este emblemático caso de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Mientras tanto, las víctimas exigen ser escuchadas de manera real y efectiva, y que su derecho a la verdad, justicia y reparación prevalezca en todo el proceso.
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