La Procuraduría General de la Nación abrió juicio disciplinario contra el exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro, al concluir que habría incrementado injustificadamente su patrimonio con dineros que supuestamente iban destinados a la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro, en 2022.
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL
El caso de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, entra en una nueva y decisiva fase. La Procuraduría General de la Nación decidió llamarlo a juicio disciplinario tras considerar que existen pruebas suficientes para señalarlo de un presunto enriquecimiento ilícito que superaría los 1.189 millones de pesos. De acuerdo con el ente de control, ese dinero provenía de aportes de empresarios como Gabriel Hilsaca y Samuel Santander Lopesierra, alias el Hombre Marlboro, los cuales estaban destinados a la campaña presidencial de Petro en 2022 pero nunca habrían llegado a su destino.
Un pliego de cargos contundente
En un auto de 56 páginas, el procurador regional de instrucción del Atlántico (e), Javier Enrique Bolaño, formuló pliego de cargos contra Nicolás Petro, señalando que las pruebas recopiladas demuestran que en 2022 el exdiputado aumentó de manera injustificada su patrimonio.
La investigación estableció que su salario como diputado, que apenas alcanzaba los 219 millones de pesos anuales, era insuficiente para justificar los movimientos financieros registrados en sus cuentas. Durante el periodo analizado, se identificaron operaciones que sumaron 1.409 millones de pesos, muy por encima de lo que legalmente podía soportar con sus ingresos oficiales.
“En este momento sí existen los elementos probatorios que demuestran objetivamente la existencia de la falta disciplinaria por la que se llama a juicio disciplinario al señor Nicolás Petro, además de aquellas que comprometen su responsabilidad”, concluye el documento.
Testimonios clave
Uno de los pilares de la investigación fue la recolección de testimonios. Entre los declarantes se encuentran Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, y su tío César Vásquez, quienes habrían coincidido en que se intentó ocultar la compra de varios bienes para evitar sospechas.
Particular relevancia tuvieron las declaraciones de Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso el Turco Hilsaca, quien confesó haber entregado en efectivo 400 millones de pesos a Nicolás Petro. Según relató, primero le entregó 200 millones y después otros 200 millones, en una cita realizada el 28 de abril de 2023 en el Edificio Balcones del Parque, en Barranquilla.
Hilsaca aseguró que el dinero debía destinarse a la campaña presidencial de Gustavo Petro, pero que finalmente no se utilizó para ese propósito. Además, precisó que fue el mismo Nicolás Petro quien lo buscó y le pidió que la entrega se hiciera en efectivo, porque supuestamente fungía como “operador logístico de la campaña en la Costa Caribe”.
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Por su parte, Samuel Santander Lopesierra negó ante la Procuraduría haber entregado dinero para la campaña, aunque su nombre sigue ligado a la controversia.
La decisión también registra que Hilsaca evalúa denunciar formalmente a Nicolás Petro por estos hechos.
El contexto penal y político
El juicio disciplinario contra Nicolás Petro no es el único frente judicial que enfrenta. Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación avanza en un proceso penal en el que la fiscal Lucy Laborde lo acusará por nuevos delitos relacionados con presunta corrupción en el Atlántico. Según la tesis de la Fiscalía, Petro no ha podido justificar 1.053 millones de pesos, razón por la cual también está ad portas de un juicio oral por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La coyuntura además coincide con los cuestionamientos que pesan sobre las cuentas de la campaña del Pacto Histórico al Senado en 2022. La Corte Suprema de Justicia señaló recientemente que hubo irregularidades y maquillajes contables para ocultar violaciones de topes electorales. Por esos hechos, anunció la compulsa de copias contra el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien fue gerente de esa campaña, y contra Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, que lideró la campaña presidencial.
Estos procesos en paralelo configuran un escenario delicado para el Gobierno y el propio presidente Petro, quien ha insistido en su inocencia frente a cualquier relación con dineros ilícitos.
Incremento injustificado y ocultamiento
La Procuraduría fue enfática en que tanto Nicolás Petro como su entonces cónyuge intentaron ocultar su incremento patrimonial utilizando a terceros. En particular, el organismo citó las operaciones hechas a través de César Emilio Vásquez, tío de Day Vásquez.
En su análisis, el procurador Bolaño concluyó que las explicaciones entregadas por la defensa de Nicolás Petro no lograron desvirtuar las pruebas en su contra. “Se encuentra probado que incrementó directamente su patrimonio sin justificación”, señala el documento.
El pliego de cargos califica las faltas como gravísimas y abre la puerta a sanciones que pueden incluir la inhabilidad para ocupar cargos públicos, aunque por tratarse de una decisión de primera instancia, esta podrá ser apelada.
Una decisión con efectos políticos
Más allá de las consecuencias disciplinarias, el llamado a juicio contra Nicolás Petro tiene un fuerte impacto político. La decisión llega en un momento en el que la administración de Gustavo Petro enfrenta serias dificultades en el Congreso y una fuerte presión por los escándalos en torno a su círculo cercano.
Aunque el presidente ha intentado tomar distancia de las actuaciones de su hijo, la narrativa pública sigue asociando los hechos a la campaña presidencial de 2022, lo que erosiona la confianza ciudadana.
Lo que viene
El proceso disciplinario continuará en la Procuraduría, donde se evaluará la responsabilidad de Nicolás Petro con base en las pruebas y testimonios recogidos. De confirmarse las acusaciones, el exdiputado podría enfrentar una sanción que lo dejaría por fuera de la vida pública.
Paralelamente, la Fiscalía y la justicia penal avanzan en procesos que podrían derivar en penas de cárcel, dependiendo de los hallazgos.
Lo cierto es que la situación de Nicolás Petro se complica cada vez más. El hijo del presidente no solo enfrenta el juicio de los tribunales, sino también el escrutinio de la opinión pública, que ve en este caso un reflejo de la fragilidad del sistema político colombiano frente a los dineros oscuros en las campañas.
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