Ni uno más
Por Sergio Trujillo
Diputado Asamblea del Huila
En los últimos meses, el Huila –y en particular Neiva– ha sido testigo de un alarmante incremento en los hechos de violencia contra menores de edad. Las cifras estremecen: más de una decena de casos recientes han encendido las alarmas de la Personería, la Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones sociales. Y mientras la indignación crece, la pregunta es inevitable: ¿qué estamos haciendo, como sociedad e institucionalidad, para detener esta tragedia?
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 44, es clara y categórica: “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. Allí se consagra su derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, a la educación y a ser protegidos contra toda forma de violencia y explotación. El mandato constitucional no deja lugar a interpretaciones: proteger a nuestros menores no es una opción, es una obligación moral y legal.
Como padre y como diputado, no puedo permanecer indiferente. No estamos hablando de estadísticas frías, sino de vidas que se apagan prematuramente; de sueños truncados por la violencia; de familias condenadas al dolor eterno. Y lo más doloroso: en muchos casos, hablamos de niños y niñas atrapados en un círculo de pobreza, exclusión, drogadicción y reclutamiento por parte de grupos al margen de la ley.
Es urgente que la institucionalidad actúe de forma decidida. El Estado, en sus diferentes niveles, debe implementar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de nuestros menores. No se descarta –si las condiciones lo exigen– la adopción de toques de queda focalizados, especialmente en zonas críticas donde concentra el mayor número de hechos violentos. Estas acciones deben ir acompañadas de un despliegue de la Fuerza Pública, pero también de estrategias preventivas: programas de educación, recreación, deporte y cultura que alejen a los jóvenes de la droga y la delincuencia.
Nuestros niños y niñas deben estar jugando en un parque, estudiando en un aula, soñando con un futuro mejor. No deben empuñar armas, no deben trabajar en las calles, no deben vivir expuestos al peligro. Es hora de una gran cruzada social y estatal para devolverles su derecho a una infancia digna.
Hago un llamado a las autoridades locales, departamentales y nacionales para que este clamor no se quede en comunicados ni en reuniones de diagnóstico. La seguridad y la vida de los menores son la máxima prioridad, y su defensa exige acción inmediata. El tiempo corre y cada día que pasa sin actuar, aumenta el riesgo de perder otra vida inocente.
El Huila no puede normalizar la muerte de sus hijos. Nos corresponde a todos —gobierno, instituciones, sociedad civil, familias— unirnos, trabajar en equipo, para frenar esta barbarie. Porque un niño que muere de forma violenta no solo es una tragedia para su hogar: es una herida irreparable para toda la sociedad.
