Por: Ramiro Andrés Gutiérrez Plazas
ramirogupl1986@gmail.com
Los lamentables hechos ocurridos el pasado fin de semana en Neiva, en los que dos patrulleros perdieron la vida en un accidente presuntamente originado durante una persecución por parte de guardas adscritos a la Secretaría de Tránsito Municipal, han desatado una fuerte ola de rechazo hacia estos funcionarios y, en general, hacia la administración local. Más allá del doloroso episodio, lo sucedido invita a reflexionar sobre dos asuntos de fondo, la idoneidad de quienes ejercen funciones de control y la corresponsabilidad ciudadana frente al cumplimiento de las normas de tránsito.
En primer lugar, es importante subrayar que este no es un problema exclusivo de Neiva. A nivel nacional, con frecuencia se registran denuncias por abusos de autoridad, uso desproporcionado de la fuerza e incluso actos de corrupción por parte de algunos agentes. No es justo generalizar, pues existen funcionarios comprometidos con su deber, pero sí resulta preocupante que no siempre se esté honrando la alta responsabilidad que implica garantizar el orden y la seguridad vial. Este panorama revela la necesidad de fortalecer los procesos de selección de los guardas de tránsito. Se requiere mayor rigurosidad y criterios de evaluación que vayan más allá de lo técnico, priorizando competencias como la inteligencia emocional, la capacidad de mediación y, ante todo, la honorabilidad. Estos atributos, acompañados de una formación sólida y permanente, permitirían contar con funcionarios que actúen con criterio, legitimidad y respeto frente a la ciudadanía.
En segundo lugar, resulta innegable que gran parte de la resistencia hacia las autoridades de tránsito proviene del incumplimiento reiterado de las normas por parte de los propios ciudadanos. En nuestras vías aún es común encontrar conductores sin documentos en regla, sin casco, bajo efectos de alcohol o incurriendo en múltiples infracciones. La legalidad, sin embargo, no es negociable. Si los deberes están al día y se respetan las reglas, no debería existir temor alguno frente a un puesto de control, pues quien nada debe, nada teme.
Lo realmente alarmante es que la indignación social esté derivando en una peligrosa estigmatización contra los guardas de tránsito, al punto de poner en riesgo su seguridad e integridad. La justicia no puede ni debe cobrarse por mano propia. Para ello existen instituciones competentes, y es a ellas a quienes corresponde determinar responsabilidades. Convertir las redes sociales en plataformas para incitar al odio o para alimentar la violencia solo agrava el problema y erosiona la confianza ciudadana en la institucionalidad.
La lección que nos dejan estos hechos es clara, necesitamos más responsabilidad individual y mayor exigencia institucional. Cumplir con las normas de tránsito es una obligación que protege vidas y garantiza derechos. Al mismo tiempo, las autoridades deben estar a la altura de su misión, con procesos de selección y formación que aseguren funcionarios idóneos y honorables. Solo con esa doble vía, ciudadanía responsable y control legítimo, será posible avanzar hacia una movilidad más segura y una convivencia más justa en nuestra ciudad. Porque, al final, la verdadera transformación no se logra con odio ni con miedo, sino con respeto, responsabilidad y compromiso colectivo.
