La madrugada del 6 de septiembre dejó una herida abierta en Neiva. La muerte de dos jóvenes auxiliares de Policía en un accidente de tránsito no solo enluta a sus familias y compañeros, sino que ha detonado una ola de protestas, cuestionamientos institucionales y un clima de desconfianza hacia las autoridades locales.
Lo sucedido no puede reducirse a un simple siniestro vial. Las versiones de testigos, que señalan una posible persecución de agentes de tránsito y el uso de maniobras irregulares para detener la motocicleta, son de tal gravedad que exigen una respuesta inmediata, clara y transparente. La ciudadanía no puede quedar atrapada entre el silencio oficial y los rumores de redes sociales. La verdad debe ser esclarecida sin titubeos, porque el dolor de la ciudad no admite dilaciones ni verdades a medias.
Pero este caso no es un hecho aislado. Ya son muchos los incidentes registrados en la Secretaría de Movilidad, cada uno más grave que el anterior. La acumulación de denuncias, choques con la comunidad y episodios cuestionables configuran un patrón alarmante que amerita decisiones de fondo. El alcalde de Neiva no puede seguir ignorando esta realidad: debe replantearse con seriedad la continuidad de la secretaria de Movilidad, Edna Johana Cruz, en su cargo. La gobernabilidad no se sostiene sobre la base de la impunidad institucional ni del desgaste de la confianza ciudadana.
El Concejo de Neiva también tiene una responsabilidad ineludible. No basta con citar a funcionarios ni emitir comunicados de trámite. Los controles políticos deben ser serios, rigurosos y, sobre todo, atender el sentir de la ciudadanía. Cada omisión en la vigilancia es un golpe a la legitimidad de la corporación y un silencio cómplice frente a las fallas y un mensaje de indiferencia ante una comunidad que clama por justicia y cambios profundos.
Hoy Neiva necesita decisiones firmes. Neiva no puede seguir acumulando tragedias y escándalos sin consecuencias, la ciudad necesita decisiones firmes, inmediatas y ejemplares El dolor de las familias, la indignación social y el creciente distanciamiento entre comunidad e institucionalidad así lo demandan. La verdad debe salir a la luz, los responsables deben responder y las autoridades locales tienen la obligación de demostrar que están a la altura del momento. De lo contrario, cada evasiva y cada silencio seguirán agrandando la brecha de un pueblo que ya no aguanta más y que exige respuestas, acciones y transformaciones reales.
