Alfredo Vargas Ortiz
Abogado y Docente Universidad Surcolombiana
Doctor en Derecho Universidad Nacional de Colombia
El 7 de abril de 2025 se registrará en la historia del país y de la región que, en la Universidad Surcolombiana, no existen posibilidades de ejercer la democracia y la participación ciudadana tal como lo consagra el artículo 103 de la Constitución Política y la Ley 134 de 1994, que establece la consulta popular como un mecanismo de participación ciudadana para consultar al pueblo sobre decisiones que les afectan. De igual manera, se vulnera el principio institucional que establece que en la universidad se debe garantizar la democracia, la cual se traduce en el “ejercicio del poder que reconoce y garantiza las libertades individuales, la igualdad en derechos y oportunidades, y las diferencias multiculturales; por ello, la universidad promoverá la participación deliberativa de sus integrantes para la toma de decisiones”.
Lo anterior, dado que en la sesión del «Honorable Consejo Superior», se le cerró la posibilidad a la comunidad universitaria de introducir la segunda papeleta para la consulta popular que pretende modificar el mecanismo de elección de rector. Iniciativa presentada y negada igualmente por el Comité Electoral, ante solicitud realizada por el Comité Promotor del Voto en Blanco.
Es increíble que, en una institución que debe ser ejemplo de democracia, se actúe en contravía de los derechos constitucionales de los miembros de la comunidad universitaria. Al parecer, los representantes del CSU se han quedado en el siglo XIX, bajo la Constitución de 1886, y desconocen el sentir de la democracia participativa y, sobre todo, deliberativa que debe caracterizar a una institución que se supone debe ser luz en la penumbra de nuestra escasa democracia.
Se siente vergüenza ajena que una decana como Zulma Yadira Cepeda Rodríguez, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y representante del Consejo Académico, actúe en contravía de los valores y principios constitutivos del ordenamiento jurídico; que el representante de los egresados, Juan Sebastián Reyes Camacho, quien se supone es abogado, desconozca el Estado Social de Derecho; que el sector productivo, señora Silvia Cuéllar, se sume a este tipo de perjuicios para la institución; y que el vergonzante representante de los docentes, Fernando Galindo, continúe cercenando nuestros derechos como docentes universitarios. Ya es hora de exigir la renuncia de estos personajes que se esfuerzan demasiado en perjudicar los intereses de la institución para su beneficio.
La respuesta de la comunidad universitaria no puede ser inferior al momento histórico que nos convoca a darle una lección en democracia con el voto en blanco y con la consulta popular, haciendo que todos introduzcan en las urnas la segunda papeleta para que sea el Constituyente Primario quien, en definitiva, mande y ordene al Consejo Superior Universitario que debe despojarse del omnímodo poder de nominación de la terna, que se ha pervertido en las mayores proporciones de nuestra historia.
Solo así podremos recuperar el sentido democrático de nuestra universidad, rompiendo con los vicios de una estructura que se ha blindado contra la voluntad colectiva. Que sea el pueblo universitario, y no una élite cerrada, quien trace el camino de una nueva institucionalidad donde el poder no se herede ni se reparta a puerta cerrada, sino que emane legítimamente de la participación consciente y soberana de todos. COMITÉ PROMOTOR DEL VOTO EN BLANCO
