En Colombia, aún persiste una de las prácticas más crueles y silenciadas contra las mujeres: la mutilación genital femenina. Aunque el país es el único de Latinoamérica donde se registra esta violación de derechos humanos, comunidades como la embera katío siguen enfrentando sus consecuencias. Un proyecto de ley en el Congreso busca erradicar esta práctica, trabajando de la mano con los pueblos indígenas y apostándole a la prevención y educación antes que a la judicialización.
DIARIO DEL HUILA, SALUD
En pleno siglo XXI, Colombia continúa cargando con una práctica ancestral que atenta gravemente contra los derechos humanos de niñas y mujeres: la mutilación genital femenina (MGF). A diferencia de otros países de América Latina, donde esta costumbre ha sido erradicada o nunca existió, en Colombia aún se realiza, especialmente en algunas comunidades indígenas. Hoy, un proyecto de ley que avanza en el Congreso busca acabar de forma definitiva con esta violación sistemática de los derechos fundamentales.
Claudia Queragama, una joven de 28 años perteneciente al pueblo embera katío, es una de las voces que hoy lucha para visibilizar esta práctica y evitar que más niñas sufran lo que ella vivió. Claudia fue mutilada a los pocos días de haber nacido en el resguardo UPI, La Florida, en el Chocó. No fue consciente de lo ocurrido hasta que, años después, en una clase de educación sexual en su escuela, descubrió que su cuerpo había sido alterado. La práctica, que consiste en la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos, no solo deja secuelas físicas permanentes, sino también profundas heridas psicológicas.
Esta costumbre, muchas veces llamada “curación” dentro de las comunidades indígenas, se ha practicado durante siglos. Sin embargo, líderes indígenas como Juliana Domicó, consejera mayor de la Confederación Nacional de la Gran Nación Embera, aseguran que no tiene un origen ancestral. De hecho, Domicó afirma que fue una práctica impuesta durante la colonización española como mecanismo de control sobre la sexualidad femenina. Antes de eso, los rituales tradicionales relacionados con la salud y el equilibrio espiritual no incluían ningún tipo de mutilación.
La situación ha cobrado notoriedad en los últimos años. Desde 2007, tras la muerte por hemorragia de dos niñas embera en Risaralda, organizaciones sociales y medios empezaron a dar visibilidad a esta realidad. Sin embargo, la recolección de datos ha sido lenta y complicada, en parte porque muchos casos no se reportan. Según el Instituto Nacional de Salud, en 2023 se registraron 90 casos sospechosos y en lo que va de 2024 ya van 39, aunque se presume que el subregistro es significativo.
Puede leer: Semana Santa en carretera: claves para identificar las señales viales y evitar siniestros
La pediatra Diana Mosquera, quien trabaja en el Hospital San Jorge de Pereira, señala que atiende alrededor de 30 casos al año de niñas y mujeres víctimas de la MGF. “Recibimos al menos una niña al mes. Algunas madres se enteran de que fueron mutiladas solo cuando se les informa durante un examen físico, nunca dieron consentimiento para ello”, relata. Mosquera advierte que las consecuencias médicas son graves: hemorragias, infecciones urinarias recurrentes, anorgasmia, y hasta la muerte. A ello se suman secuelas emocionales como depresión, ansiedad y estrés postraumático.
La historia de Claudia no se detuvo con su propia experiencia. Su hija Nicol también fue víctima. Le realizaron la mutilación a los dos meses de nacida, sin que Claudia supiera. “Ella empezó a tener muchas infecciones, lloraba mucho, fue algo terrible. No quiero que otras niñas pasen por lo mismo”, afirma con dolor. Hoy, su hija aún padece problemas de salud derivados del procedimiento.
Frente a esta alarmante situación, un grupo de congresistas liderado por Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad y Compromiso, impulsa un proyecto de ley que ya ha superado dos de los cuatro debates necesarios. La iniciativa busca una respuesta integral, más allá de la simple penalización. “Queremos evitar que por miedo a la judicialización las familias dejen morir a las bebés antes que acudir al sistema de salud. Por eso el enfoque debe ser educativo y preventivo”, explica Pedraza.
El proyecto propone una intervención articulada entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Consejería Presidencial para la Mujer y los pueblos indígenas. El objetivo es implementar campañas de concientización dentro de las comunidades, crear rutas de atención culturalmente adecuadas y brindar formación al personal médico para detectar y tratar los casos sin revictimizar a las pacientes.
Erradicar la mutilación genital femenina en Colombia requiere no solo del respaldo legal, sino también de una voluntad política sostenida y un compromiso real con las comunidades indígenas. Claudia Queragama, como muchas otras mujeres, sigue alzando la voz para que su historia no se repita. Su lucha, y la de cientos de lideresas, merece ser escuchada y acompañada por todo el país. Porque ninguna niña debería crecer con dolor por una práctica que nunca eligió. Porque la protección de la infancia no puede seguir esperando.
Puede leer: Con ramos y procesiones, los colombianos dan comienzo a la Semana Mayor
