En la madrugada de este lunes se confirmó la muerte de Elí Mejía Mendoza, más conocido como alias ‘Martín Sombra’, uno de los hombres más temidos de la extinta guerrilla de las Farc. La Secretaría de Salud de Bogotá le confirmó a Infobae Colombia que el deceso ocurrió en el Hospital El Tunal, donde permanecía internado desde hace varios días. Tenía 94 años.
El antiguo comandante guerrillero, conocido como el “carcelero de las Farc”, alcanzó notoriedad durante el conflicto armado colombiano por su papel en la vigilancia de secuestrados, entre ellos la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, la excongresista Clara Rojas y tres contratistas estadounidenses. También fue señalado por su responsabilidad en la instalación de campos de reclusión clandestinos, el reclutamiento forzado de menores y la organización de múltiples secuestros de miembros de la fuerza pública y figuras políticas como Alan Jara, exgobernador del Meta.
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A pesar de haberse acogido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), su trayectoria delictiva continuó generando polémica. En 2020 fue recapturado en el sur de Bogotá por su presunta participación en el secuestro del ganadero Samuel Estupiñán en el Caquetá en 2017, cuando ya se encontraba bajo el amparo del sistema transicional. Al momento de su detención, fue hallado en estado de deterioro físico, con movilidad reducida y sin ofrecer resistencia.
Según la Fiscalía General de la Nación, alias Martín Sombra acumulaba más de 160 imputaciones por delitos que iban desde secuestros y homicidios hasta violaciones al Derecho Internacional Humanitario. En 2023, su testimonio ante la JEP causó conmoción al declarar que la masacre de Mapiripán, históricamente atribuida a grupos paramilitares, habría sido ejecutada por guerrilleros bajo su mando, liderados por Marco Aurelio Buendía. Esta versión contradijo versiones oficiales y revivió debates sobre la verdad en el conflicto.
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A pesar de estos señalamientos y de su recaptura, en julio de 2024 la JEP decidió mantenerlo bajo su jurisdicción al no hallar pruebas contundentes de incumplimiento del régimen transicional. La decisión fue sustentada en su contribución al esclarecimiento del reclutamiento de menores y otros hechos graves cometidos por las Farc.









