El Ministerio del Trabajo ordenó el cierre inmediato y preventivo de tres buques atuneros pertenecientes a la empresa Seatech International Inc., que opera la marca Van Camp’s, tras evidenciar graves irregularidades laborales y posibles violaciones a derechos fundamentales de los trabajadores.
La medida fue adoptada al término de una inspección no anunciada encabezada por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y la viceministra (E) de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, junto a un equipo de inspectores provenientes de Bogotá y de la Dirección Territorial de Cartagena. La verificación se realizó en los buques Sandra C, Amanda S y Nascar, atracados en el kilómetro 8 de Mamonal, así como en las instalaciones industriales donde se procesa el atún de la marca.
Según el ministro Sanguino, la visita permitió constatar que “la totalidad de los trabajadores que aquí laboran no cuentan con contrato laboral como lo exige la ley, no tienen protección social ni afiliación a riesgos laborales”. Además, recordó que uno de los buques ya había registrado un incendio, hecho que también fue objeto de investigación por parte de la cartera laboral.
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El cierre, inicialmente por 10 días, busca que los responsables subsanen las irregularidades y formalicen la vinculación de los trabajadores, tanto colombianos como extranjeros. “Los buques con bandera colombiana son colombianos y, por lo tanto, se les deben aplicar las normas laborales del país y particularmente la reciente Reforma Laboral”, enfatizó el ministro.
Durante la inspección, las autoridades detectaron una situación que podría configurar un delito de trata de personas. “Mientras hacíamos las verificaciones, los trabajadores desaparecieron de los barcos; al parecer los escondieron o retuvieron, y el personal de seguridad de la empresa daba respuestas evasivas. Luego supimos que habían sido retenidos en una bodega”, relató Sanguino.
El ministro también señaló que algunos de los trabajadores no tenían pasaporte ni documentación en regla, lo que podría implicar violaciones a las normas migratorias. “Extrañamente no pudimos hablar con ellos; nos dijeron después que estaban en capacitación”, añadió.
Por estos hechos, el Ministerio puso la situación en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio del Interior, específicamente de la Subdirección de Trata de Personas, para que se adelanten las investigaciones correspondientes.
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