El Ministerio de Salud y Protección Social, en colaboración con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), llevó a cabo un ejercicio de contrastación de los datos reportados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Este análisis fue clave para determinar el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que el Gobierno Nacional fijó en un 5,3% para 2025.
Incrementos inusuales en servicios de salud
El informe reveló inconsistencias significativas en los datos reportados, destacando un aumento desmesurado en la frecuencia de ciertos servicios de salud entre 2022 y 2023. Por ejemplo:
Atención domiciliaria: incremento del 97,8%.
Radiología: crecimiento del 79,7%.
Laboratorio clínico: aumento del 77,9%.
Urgencias: incremento del 51,1%.
Hospitalización: crecimiento del 39,3%.
Cirugía general: aumento del 24,4%.
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Estos incrementos se contrastaron con una capacidad instalada que permaneció casi invariable. Según el Registro de Talento Humano en Salud (RETHUS), el número de médicos generales solo creció un 3,1%, mientras que la capacidad de consultorios de medicina general aumentó un 3,6%.
Irregularidades en servicios oncológicos y medicamentos
El informe también señaló anomalías en servicios relacionados con el cáncer, como la quimioterapia y radioterapia, cuyos reportes aumentaron más del 53%, a pesar de que la incidencia de esta enfermedad en el país solo crece un 4% anual.
En el ámbito de los medicamentos, se identificaron serios problemas:
Registro sanitario inválido: el 3% de los medicamentos reportados no contaba con registro sanitario válido.
Falta de compras registradas: el 23% de los medicamentos no se asociaba con compras en el Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED).
Precios regulados excedidos: el 5% de los medicamentos superó los precios máximos establecidos, generando un costo adicional de 138 mil millones de pesos al sistema.
Casos alarmantes y costos al sistema
Entre las inconsistencias más graves, el informe destacó 23.410 atenciones médicas registradas a personas que figuraban como fallecidas en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), con un costo asociado de 79.838 millones de pesos.
Además, en procedimientos médicos, los precios reportados superaron hasta en un 1.200% los valores de referencia, lo que generó una variabilidad considerable en los costos.
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