El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, visitó el hospital de primer nivel de Pitalito, Huila, y confirmó las graves irregularidades en su construcción. Con un avance de solo 25% y un contratista inhabilitado, el proyecto enfrenta serios riesgos de incumplimiento. El ministro exigió medidas inmediatas para proteger la salud de los laboyanos y advirtió sobre la posible intervención de entidades de control.
DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
En una visita oficial realizada este miércoles al municipio de Pitalito, Huila, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, confirmó las graves irregularidades en la ejecución del contrato para la construcción del hospital de primer nivel de esta localidad. Este proyecto, que supera los 35 mil millones de pesos, es considerado uno de los más importantes para el sur del Huila, pues promete mejorar el acceso a servicios médicos en una región que ha luchado durante años por contar con infraestructura hospitalaria adecuada. Sin embargo, a pesar de la magnitud de la inversión, el avance de la obra es alarmantemente bajo, alcanzando solo un 25%.
“Lo que encontramos fue un desastre”, expresó el ministro, visiblemente molesto, tras recorrer el lugar que debería estar en funcionamiento en los próximos meses. A pesar de la alta expectativa que rodea la obra, la realidad es que el hospital de primer nivel no ha mostrado avances significativos y la situación es aún más preocupante cuando se observa que el contrato debía haberse completado en un plazo de 14 meses, pero ya han pasado 16 y la obra está muy lejos de concluir.
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El descubrimiento de estas irregularidades no es nuevo. La denuncia sobre la adjudicación cuestionada del contrato fue revelada hace un año por el medio de investigación La Silla Vacía, que puso al descubierto un entramado de influencias políticas y familiares que facilitó la entrega del contrato a una empresa inhabilitada. Además, la empresa adjudicataria presentó pólizas ilegales para respaldar el proyecto, lo que expone aún más las fallas en el proceso de contratación.
El contrato, cuyo monto total supera los 35 mil millones de pesos, ya ha recibido un anticipo de más de 13 mil millones, pero el avance de la obra es tan mínimo que no se ha justificado el uso de los recursos. Según el ministro Jaramillo, la situación es aún más grave porque la obra no está asegurada con pólizas vigentes, lo que representa un alto riesgo tanto para la inversión pública como para la comunidad que depende de la infraestructura hospitalaria.
“El contratista no tiene cómo asegurar la obra. Eso es muy grave. Si nadie le respalda una póliza, quiere decir que no es un contratista adecuado”, destacó Jaramillo. A raíz de estos hallazgos, el ministro anunció que solicitará formalmente al municipio que declare el incumplimiento del contrato, lo que podría dar inicio a un proceso de rescisión del mismo y de búsqueda de responsables.
El escándalo no solo ha saltado a nivel local, sino que también ha alcanzado la esfera nacional, involucrando a personajes de alto perfil. Uno de los nombres más mencionados en este entramado es Vladimir Fernández, quien fue secretario jurídico del gobierno de Gustavo Petro y actualmente se desempeña como magistrado de la Corte Constitucional. La investigación periodística reveló que en el proceso de contratación del hospital también están involucrados familiares de Fernández, entre ellos su cuñado, Marco Molina Gómez, quien presuntamente gestionó los recursos ante el Ministerio de Salud. Además, el contrato fue entregado a una empresa donde Karla Ricci, esposa de Molina Gómez, es socia, junto con Juan Pablo Ricci, otro familiar. Este “carrusel de los cuñados” ha generado una fuerte controversia, especialmente porque la empresa beneficiada no solo es la encargada de ejecutar la obra, sino que ha recibido millonarios pagos a pesar de los escasos avances.
En cuanto a las reacciones, el ministro Jaramillo fue tajante al señalar la falta de seguimiento y acción por parte de la administración local. “Lo que hay es una absoluta falta de interés por parte de la Alcaldía, que preside la Junta Directiva del hospital. Esta obra debió estar terminada”, aseguró. Ante la gravedad de la situación, Jaramillo confirmó que el caso será remitido a varias entidades de control, incluidas la Procuraduría, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General, la Superintendencia Nacional de Salud y, finalmente, al presidente Gustavo Petro, para que se actúe de manera inmediata.
Más allá del entramado político y las irregularidades contractuales, lo que está en juego es la salud de más de 140 mil habitantes de la región. El hospital de primer nivel en Pitalito ha sido una promesa aplazada durante más de una década, y el retraso en su construcción no solo está causando un perjuicio económico, sino también un grave obstáculo para el acceso de la población a servicios médicos dignos y de calidad. Como lo expresó el ministro Jaramillo, “No podemos permitir que esta obra se quede abandonada. Es la salud de los laboyanos la que está en juego”.
El futuro del hospital de Pitalito sigue siendo incierto. El Ministerio de Salud espera una pronta respuesta del municipio, mientras la controversia sobre la contratación sigue creciendo y afectando la imagen de varios actores clave en el proceso. Por ahora, la comunidad permanece atenta a los avances en la investigación y a las medidas que tomarán las autoridades competentes para garantizar que los recursos públicos sean bien invertidos y que los habitantes de Pitalito puedan contar finalmente con la infraestructura de salud que tanto necesitan.
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