La comunidad médica en Colombia ha expresado su preocupación ante lo que consideran una falta de respeto del Gobierno a las decisiones de la Corte Constitucional, lo que, según ellos, afecta gravemente la estabilidad del sistema de salud.
DIARIO DEL HUILA, SALUD
En un pronunciamiento reciente, han exigido al Ministerio de Salud que, en lugar de cuestionar los fallos judiciales, tome medidas concretas para garantizar la atención y el bienestar de los colombianos.
El conflicto surge a raíz de la decisión de la Corte Constitucional sobre el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el monto que se reconoce por cada afiliado al sistema de salud. El Ministerio de Salud presentó una solicitud para anular un auto de la Corte que declaró insuficiente la UPC para el año 2024. La petición fue radicada por el director jurídico (e) del Ministerio, Rodolfo Enrique Salas Figueroa, argumentando supuestas violaciones al debido proceso y defectos fácticos o jurídicos en la decisión del alto tribunal.
Sin embargo, la reacción de la comunidad médica y de otros actores del sistema de salud no se hizo esperar. Pacientes, profesionales de la salud, sociedades científicas y prestadores de servicios han manifestado su respaldo a la Corte Constitucional y rechazaron la solicitud del Ministerio. En una carta firmada por diversas entidades y especialistas, alertaron sobre los efectos negativos de esta crisis en la atención médica y el acceso a tratamientos, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo y huérfanas.
Según estos sectores, la Corte Constitucional tiene la facultad de supervisar el cumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008, la cual ordenó al Estado garantizar la suficiencia de los recursos para la salud. De acuerdo con su análisis, la insuficiencia de la UPC pone en riesgo la estabilidad del sistema y la calidad de la atención médica. Además, consideran que la petición del Ministerio de Salud de anular la decisión judicial es una estrategia para dilatar el cumplimiento de las órdenes y evitar asumir su responsabilidad en la crisis de financiamiento que enfrenta el sector.
«La nulidad solicitada por el Ministerio de Salud y Protección Social se interpreta como una dilación infundada en el cumplimiento de las órdenes judiciales y supone un grave retroceso en la protección del derecho fundamental a la salud», advierten en su misiva. También enfatizan que los efectos negativos de esta crisis impactan directamente a miles de pacientes que requieren garantías en sus tratamientos y servicios médicos.
Le puede interesar: Contraloría y Procuraduría harán seguimiento a decretos de conmoción interior en Catatumbo
La comunidad médica ha solicitado a la Corte Constitucional que rechace la petición de nulidad y mantenga firme su decisión sobre la insuficiencia de la UPC. Consideran que la prioridad debe ser la protección inmediata y efectiva del derecho a la salud, sin permitir maniobras que posterguen soluciones urgentes. Además, han hecho un llamado al Ministerio de Salud para que asuma su responsabilidad y tome medidas correctivas que garanticen la estabilidad financiera del sistema y la atención de millones de colombianos.
«Es esencial que las acciones del Ministerio de Salud respondan a la realidad del país y se orienten a implementar medidas concretas que permitan superar la crisis de financiamiento», sostienen en su comunicación. Aseguran que la solicitud de nulidad presentada ante la Corte no solo representa un intento de evadir responsabilidades, sino que también agrava la incertidumbre sobre el futuro del sistema de salud.
La preocupación de la comunidad médica radica en que la falta de garantías financieras y la incertidumbre jurídica pueden derivar en la afectación de servicios esenciales, retrasos en pagos a hospitales y clínicas, y dificultades para la adquisición de insumos médicos. En su carta, también alertan que la sostenibilidad del sistema depende de decisiones responsables y transparentes por parte del Gobierno, sin obstaculizar la supervisión judicial que busca proteger el derecho a la salud.
«La nulidad procesal que se está presentando busca eludir la responsabilidad del Ministerio en la garantía del derecho a la salud y perpetuar una crisis de financiación que afecta a millones de colombianos», concluye la misiva de la comunidad médica.
La controversia sigue en aumento, y la decisión final de la Corte Constitucional será determinante para el futuro del sistema de salud en Colombia. Mientras tanto, el llamado de los profesionales de la salud es claro: el Gobierno debe acatar las decisiones judiciales y enfocar sus esfuerzos en fortalecer el sistema en lugar de entorpecer su funcionamiento con disputas legales. La estabilidad del sector y el bienestar de millones de colombianos están en juego.
Puede leer: Pedro Sánchez renunció a la Fuerza Aeroespacial Colombiana para asumir como ministro de Defensa
