El Ministerio de Hacienda y Crédito Público reiteró que los recursos del Estado son inembargables y que cualquier decisión que afecte las cuentas de la Nación contradice la Constitución y la normativa presupuestaria vigente.
La aclaración surge tras la decisión del Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá, que ordenó el embargo de fondos públicos para saldar una deuda con Empresas Públicas de Medellín (EPM).
El ministro de Hacienda, Diego Guevara, se pronunció en su cuenta de X, destacando que «la inembargabilidad de los recursos públicos está protegida por la Constitución y la normativa presupuestaria, garantizando su destinación exclusiva al cumplimiento de las funciones del Estado».
Por su parte, el presidente Gustavo Petro criticó la medida judicial y cuestionó el actuar de EPM en esta controversia financiera: «Si EPM juega contra el interés nacional, incumple su propia razón de ser. Las empresas de servicios públicos están en función del público, que es toda la sociedad, no de los contratistas que se enriquecen con el dinero público», afirmó.
Fundamentos legales y acciones del Ministerio
El Ministerio de Hacienda enfatizó que la protección de los recursos públicos frente a embargos se sustenta en cuatro pilares principales:
Fundamento constitucional: El Artículo 63 de la Constitución establece que los bienes y recursos públicos son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
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Normativa presupuestaria: El Artículo 19 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y el Artículo 34 del Decreto 1523 de 2024 refuerzan la prohibición de embargos sobre los fondos del Estado, además de exigir que cualquier servidor público que reciba una orden de este tipo gestione su levantamiento.
Garantía de continuidad: La protección de los recursos públicos permite que el Estado continúe operando sin interrupciones en sectores esenciales como salud, educación y seguridad.
Acciones del Ministerio: La cartera de Hacienda anunció que tomará las medidas necesarias para solicitar el levantamiento inmediato del embargo, al considerarlo contrario a lo estipulado en la legislación vigente.
El origen de la deuda
La medida judicial responde a una deuda pendiente de $41.654 millones de pesos en capital y $5.258 millones en intereses, correspondiente a pagos adeudados a Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. (Cens), filial de EPM.
No obstante, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, señaló que «las filiales de EPM ya han recibido el 85 % de los pagos», resultado de los acuerdos alcanzados entre los ministerios de Hacienda y Minas y Energía.
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