El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentó en Bogotá la hoja de ruta que adoptará la fuerza pública para fortalecer la seguridad en Colombia. En un encuentro con la cúpula militar y policial, aseguró que la estrategia busca enfrentar la corrupción, el narcotráfico, los grupos armados ilegales y las economías ilícitas. Sánchez destacó que esta iniciativa marcará un «hito» en la seguridad nacional, con un enfoque integral basado en el respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Entre los cinco retos planteados, resaltó la necesidad de consolidar el control territorial, preservar la soberanía, garantizar la democracia, fortalecer la cúpula militar y policial, y promover la transparencia en todas las instituciones del país.
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En medio de este anuncio, el ministro también abordó el día cívico declarado por el presidente Gustavo Petro para el martes 18 de marzo, en el marco de la consulta popular que busca respaldo ciudadano para la reforma laboral. Petro aseguró que esta medida busca mejorar las condiciones de aproximadamente 30 millones de trabajadores en Colombia, incluidos empleados formales y aquellos sin contrato fijo. En un evento en Aracataca, el mandatario enfatizó que ningún trabajador podrá ser despedido por participar en la jornada, pues esto vulneraría sus derechos.
Ante la convocatoria de movilizaciones en varias ciudades, Sánchez garantizó la seguridad de los manifestantes y pidió la colaboración ciudadana para prevenir infiltraciones de grupos violentos. A través de su cuenta en la red social X, exhortó a los asistentes a denunciar cualquier intento de sabotaje que pudiera deslegitimar la marcha o afectar los derechos de quienes no participen. El ministro reiteró que las protestas pacíficas serán protegidas y respetadas por las autoridades.
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El día cívico y las movilizaciones se dan en un contexto de incertidumbre para la reforma laboral, que enfrenta obstáculos en el Congreso. Mientras el Gobierno promueve la consulta popular como un mecanismo para fortalecer los derechos laborales, sectores de la oposición cuestionan la iniciativa y advierten que podría representar una presión sobre el Legislativo. En este escenario, el país se alista para una jornada que podría definir el futuro de la política laboral en Colombia.
