En un contexto donde la digitalización ha impulsado la productividad tanto en el sector público como en el privado, Colombia enfrenta nuevos y complejos desafíos en materia de ciberseguridad. Tanto que, aunque se han reducido en un 16% este año, van 24.959 delitos informáticos a nivel nacional.No obstante, el ministerio de Defensa anunció que desde 2011, cuando se emitió el documento CONPES 3701, el país inició un camino institucional hacia la protección del entorno digital en el ámbito de la defensa.
Este esfuerzo se consolidó con nuevas políticas como que dieron vida a diferentes iniciativas, como la Oficina de Respuesta a Incidentes Cibernéticos dentro de la cartera.Más recientemente, el Decreto 338 de 2022 propuso un modelo de gobernanza de la seguridad digital para mejorar la articulación y respuesta frente a incidentes cibernéticos en todo el sector.No obstante, 13 años después del primer impulso normativo, el país enfrenta una necesidad urgente de revisar y fortalecer su modelo de gobernanza digital en el Sector Defensa y Seguridad.
Las características propias de las infraestructuras tecnológicas militares, como radares, comunicaciones satelitales y sistemas de armas inteligentes, requieren enfoques especializados, coordinación interinstitucional y una normativa operativa capaz de anticipar y responder a amenazas críticas.¿En qué se basa el nuevo modelo?El modelo de gobernanza digital sectorial propuesto busca integrar las capacidades de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y las entidades del Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED), promoviendo la cooperación nacional e internacional.
Uno de los pilares clave ha sido la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Sector Seguridad y Defensa, que impulsa la independencia tecnológica, fomenta la cultura de ciberseguridad, y promueve soluciones para reducir la dependencia de proveedores comerciales extranjeros.Seguridad cibernética Las amenazas cibernéticas que enfrenta el SDS incluyen ataques orientados a la exfiltración de información estratégica, el sabotaje a infraestructuras críticas y el robo de propiedad intelectual, ejecutados por actores maliciosos organizados y con capacidades tecnológicas avanzadas.
Afirman que la articulación intersectorial, el fortalecimiento de las normas, el desarrollo de capacidades nacionales y la inversión en innovación serán clave para proteger al país en esta nueva dimensión de los conflictos: el ciberespacio.
