El Gobierno quedó bajo presión tras confirmarse que siete adolescentes murieron en el bombardeo contra las disidencias en Guaviare. Aunque el ministro de Defensa admitió que había informes sobre la presencia de menores, defendió la operación argumentando que eran “combatientes ilegales en armas”.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
El Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta fuertes cuestionamientos tras confirmarse que altos mandos militares tenían informes de inteligencia que advertían la posible presencia de menores de edad en el campamento disidente de Iván Mordisco, en Guaviare, antes de autorizar el bombardeo. La polémica se avivó después de que Medicina Legal estableciera que siete de las 20 personas fallecidas eran adolescentes.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que la operación se ejecutó pese a las advertencias debido a que los jóvenes identificados cumplían funciones continuas de combate dentro del grupo criminal. En su criterio, esto los configuraba como “combatientes ilegales”, independientemente de su edad.
“Lo que le da el estatus de combatiente no es la edad, es la función que cumple dentro de una organización criminal, y en este caso eran combatientes”, señaló Sánchez durante una rueda de prensa.
Interpretación del DIH en el centro de la polémica
El ministro insistió en que, según los análisis previos, “no había niños, no había niñas” en el punto bombardeado, sino adolescentes vinculados activamente a las disidencias. Reiteró además que los informes de inteligencia señalaban que el grupo estaba compuesto por más de cien personas con “alto poder de combate”, lo que justificó el uso de la fuerza aérea.
“De acuerdo a los análisis, había la probabilidad de que existieran combatientes ilegales en armas y el resultado de Medicina Legal confirma que se trataba de adolescentes en función continua de combate”, enfatizó Sánchez. La tesis del Ministerio se sostiene en el principio de distinción del DIH, que determina quién puede ser considerado objetivo militar según su rol dentro del conflicto.
Amenaza inminente y riesgo para la tropa
Desde el Gobierno también se defendió la inmediatez de la decisión adoptada. El presidente Petro, a través de su cuenta en X, afirmó que cerca de 20 soldados estaban en riesgo de emboscada.
“Si dejo avanzar los ciento cincuenta hombres de Iván Mordisco, entonces emboscan a veinte soldados jóvenes”, expresó el mandatario, justificando la necesidad operacional del ataque.
El Ministerio añadió que la operación buscó evitar una tragedia mayor entre la tropa, alegando que todos los métodos, capacidades y principios del DIH —como precaución, proporcionalidad y necesidad militar— se evaluaron antes de autorizar el bombardeo.
La Defensoría del Pueblo lamenta la muerte de los menores
La Defensoría del Pueblo, a través de la delegada Iris Marín, lamentó profundamente la muerte de los adolescentes. “Es la guerra en su despliegue doloroso e inhumano, afectando a los más vulnerables: a menores reclutados por la falta de protección y hoy convertidos en objetivos militares”, señaló. La entidad pidió revisar la forma en que se está aplicando el DIH en operaciones donde existe riesgo de afectación a civiles, especialmente a niños, niñas y adolescentes reclutados forzosamente.
La institución también destacó que tres adolescentes fueron rescatados con vida durante la operación, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de reforzar acciones preventivas y de protección integral para evitar que más menores terminen vinculados a grupos armados.
Un debate abierto sobre la ética del combate
El Gobierno mantiene la posición de que el Estado debe proteger a sus militares ante situaciones de riesgo extremo. No obstante, persisten dudas y reparos sobre la clasificación de los menores como combatientes y sobre la legitimidad del uso de la fuerza letal en estos escenarios.
El episodio reabre un debate delicado y profundamente ético: ¿puede un menor reclutado ser considerado objetivo legítimo? La respuesta, más allá de la interpretación jurídica, sigue generando tensiones que el país deberá resolver mientras persisten los efectos del conflicto armado en las poblaciones más vulnerables.
