Un reciente informe de la JEP reveló que el reclutamiento forzado de menores en Colombia sigue siendo una realidad alarmante. Aunque se creía superada tras la firma del Acuerdo de Paz, esta práctica persiste y ha evolucionado, afectando gravemente a regiones como el Huila, donde los grupos armados ilegales utilizan redes sociales para atraer a niños, niñas y adolescentes a sus filas.
DIARIO DEL HUILA, HUILA
En Colombia, el conflicto armado sigue dejando huellas profundas en la infancia. Un informe reciente de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló que, en promedio, cada 48 horas un niño, niña o adolescente es reclutado por grupos armados ilegales. A pesar de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, el reclutamiento forzado no se detuvo, sino que se transformó y adaptó a nuevas dinámicas, lo que ha generado una preocupación creciente en regiones como Cauca, Nariño y el Huila, donde el fenómeno ha resurgido con fuerza.
Según los datos revelados por la JEP, entre el 1 de diciembre de 2016 y el 10 de abril de 2025, al menos 1.494 menores de edad fueron reclutados por estructuras armadas residuales, principalmente por disidencias de las Farc, como la facción liderada por ‘Iván Mordisco’. Aunque estos hechos no están bajo la competencia directa de la JEP —cuyo enfoque jurídico se limita al conflicto anterior a la firma del Acuerdo—, el tribunal decidió emitir una alerta para advertir sobre la gravedad de la situación actual.
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El reclutamiento forzado, que históricamente fue una práctica sistemática de las Farc-EP, ha sido replicado por nuevos grupos armados ilegales que buscan controlar territorios estratégicos. La JEP identificó como principales actores a los frentes Jaime Martínez, Dagoberto Ramos y Carlos Patiño, con fuerte presencia en el suroccidente del país. Cauca y Valle del Cauca concentran los mayores casos, pero departamentos como el Huila también han empezado a registrar patrones similares, debido a su cercanía y conexión geográfica con zonas de alta conflictividad.
El informe también expone la forma en que el reclutamiento ha evolucionado en el contexto del posconflicto. Hoy, las redes sociales juegan un papel central en la captación simbólica de menores. Plataformas como TikTok, Instagram y Facebook son utilizadas por los grupos armados para difundir contenidos que romantizan la vida armada, exaltan el poder de las armas, el dinero fácil y el control territorial. Con símbolos como emojis de tréboles, fajos de billetes o figuras de ninjas, los reclutadores esquivan los filtros de seguridad de las plataformas y logran difundir su mensaje a miles de jóvenes.
La JEP rastreó al menos 146 cuentas activas vinculadas a grupos ilegales, que alcanzan en conjunto más de medio millón de usuarios. En zonas como el Cauca, más del 26 % de los usuarios expuestos consumen regularmente estos contenidos. Aunque el Huila no figura aún entre los departamentos con mayores cifras de ciberreclutamiento, el informe advierte que su ubicación estratégica y la vulnerabilidad de ciertas comunidades rurales lo convierten en un territorio de alto riesgo.
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Uno de los aspectos más alarmantes es el uso de los menores como escudos humanos o instrumentos de presión sobre sus familias, especialmente sobre las madres, quienes son coaccionadas para colaborar con los grupos ilegales. Esto no solo agrava la situación de violencia, sino que fractura el tejido social y dificulta los procesos de reconciliación.
En respuesta a esta problemática, la JEP hace un llamado urgente al Gobierno Nacional, en especial al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, para que refuerce campañas pedagógicas como “Las redes sociales no son como las pintan”. Esta estrategia busca contrarrestar los discursos de poder asociados a la violencia y promover modelos alternativos de liderazgo juvenil, inclusión social y pertenencia comunitaria. El tribunal recomienda priorizar a los departamentos de Cauca, Nariño y Huila como epicentros de intervención.
En el Huila, la prevención del reclutamiento forzado debe convertirse en una prioridad. Las autoridades locales, la comunidad educativa, organizaciones sociales y los medios de comunicación deben trabajar de manera articulada para ofrecer a la juventud alternativas reales frente a la violencia. Desde la promoción del arte, el deporte, la educación y el acceso a oportunidades, es posible construir entornos seguros y libres de reclutamiento.








