Es tal el desespero fiscal que presenta el ejecutivo para buscar nivelar sus finanzas públicas, que se encuentran en desequilibrio por el marcado desbordamiento del gasto público, y la reducción progresiva de los recaudos tributarios, por lo que tomó la errada decisión de adelantar la retención en la fuente del próximo año, porque golpea la liquidez empresarial y desbalancea las cuentas futuras de éstas. El Decreto 0572 de 2025, promulgado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es considerado como un exabrupto, porque carece de legalidad, dado que estas medidas tributarias deben ser aprobadas por el legislativo. Por Decreto, no se pueden crear nuevos impuestos. Esperamos que el Consejo de Estado se pronuncie al respecto, y dirima las demandas que se han instaurado para frenar estas absurdas decisiones. Esta decisión eleva las tarifas de autorretención en la fuente, baja los umbrales para aplicarla y anticipa los cobros de ese impuesto del año entrante a la presente vigencia en curso. Las consecuencias para las organizaciones empresariales son nefastas. Al presidente de la república, no le interesa la suerte del sector empresarial que es la que contribuye con el 80% de los impuestos tributarios y generan el 85% del empleo formal en el país. Esta imposición va a llevar a más endeudamiento, menos inversión y, para las empresas más pequeñas, a problemas que pueden terminar incluso en su liquidación.
Los medios de comunicación del país y del mundo, han expresado de manera unánime, que es clara la evidencia de la hostilidad gubernamental contra las empresas formales. Pareciera que en el ejecutivo, creen que una empresa solo por existir tiene la capacidad de imprimir dinero. Todos conocemos que éstas, necesitan una estabilidad jurídica y tributaria. Las inversiones se planean con antelación y el flujo de caja es esencial para cumplir con los propósitos de crecimiento al interior de las empresas. Este accionar gubernamental es incoherente y descabellado: si usted no sabe qué y cuándo va a tener que pagar, si de repente alguien le dice que tiene que pagar más y antes, es probable que tenga que endeudarse y eso arruine todo su plan.
Todo por el desespero de seguir aumentando los gastos de funcionamiento y el pago de los subsidios a las bandas delincuenciales que les ha prometido, con el sofisma de distracción para que no maten y desarrollen la criminalidad que tienen hastiadas a las familias colombianas. Además, el país tiene semiparalizada la inversión pública en las regiones. Para el caso del Huila, los 40 proyectos que quedaron inmersos en el Plan Nacional de Desarrollo se encuentran totalmente paralizados; dadas las condiciones macroeconómicas del país, en los 14 meses que le quedan al primer mandatario de los colombianos, será imposible que se cumplan todos los sueños del pueblo huilense de tener estas obras ejecutadas.
