Actualmente, estas familias se encuentran en un alto riesgo de colapso, por tal motivo, dependiendo de los resultados del estudio de AVR – Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo de la ladera ZIN 15, solicitan que los reubiquen o les construyan unas viviendas dignas.
DIARIO DEL HUILA, HUILA
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez
“Nuestra rutina diaria y nuestro diario vivir cambió en mayo del 2009, cuando se empezó a escuchar por aquí en la zona de que iban hacer una represa y que nosotros estábamos entre la zona afectada, fuera de nosotros escuchar que fuera un rumor pues no pasaba nada, acá en el campo uno no tiene mucho contacto con el pueblo, la civilización, nosotros ignorábamos o no creíamos de que eso fuera así”, expresó con dolor Martha Isabel Ortiz, presidenta de la Junta de Acción Comunal del Centro Poblado “La Cañada” del municipio de El Agrado-Huila.
Son más de 110 familias que desde hace 16 años su vida cambio luego de la construcción de la represa El Quimbo operado por ENEL Colombia Empresa de Servicios Públicos S.A. E.S.P., antes EMGESA, esta situación ha generado múltiples afectaciones a la comunidad del centro poblado La Cañada del Municipio de El Agrado Huila, debido a la falta de control y supervisión de las autoridades ambientales, municipales y departamentales.
“Uribe en ese entonces dijo, ‘El Quimbo va porque va’, y sí, así fue, el Quimbo lo hicieron y no les importó las personas, el campesinado, ni las tierras productivas, no les importó, sino ellos suplirse de economía, de lo que les pueda generar esta hidroeléctrica. Somos afectados directos de la situación en cuanto a muchas familias que fueron vilmente atropelladas y que a la fecha no hemos o no han sido reparadas porque son unos proyectos que vienen también a destruir, a desplazar, a matar, a acabar con el ecosistema y a comunidades y familias enteras”, sostuvo Ortiz.
La comunidad de La Cañada está conformada por 110 predios y 330 habitantes, que se les ha vulnerado sus derechos fundamentales debido la falta de acciones concretas para atender las afectaciones derivadas de dicho proyecto hidroeléctrico. A pesar de que la licencia ambiental contenida en la Resolución 899 de 2009, determinó que el proyecto alteraría el uso del suelo y la actividad agropecuaria de la región, según la presidenta de la Junta de Acción Comunal, la alcaldía de El Agrado Huila y la Gobernación han ignorado esto, dejando a la comunidad en una situación de riesgo al no tomar cartas en el asunto ni modificar el Plan de Ordenamiento, siendo definidos estos con el Acuerdo municipal 022 de 2001 y con la Ordenanza 078 del 2000, respectivamente.
Martha Isabel Ortiz explicó que en el Auto 011092, del 27 de diciembre de 2023 “por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental y se adoptan otras determinaciones”, expedido por La Autoridad Nacional De Licencias Ambientales – ANLA, le solicitó a la Unidad Nacional Para La Gestión De Riesgos De Desastres – UNGRD y a otras autoridades, que realizaran una visita técnica a la vereda en cuestión por un posible riesgo no mitigable a dicha comunidad por la ladera del Río Magdalena, debido al proyecto hidroeléctrico.
En la visita técnica realizada en 2023, la Unidad Nacional Para La Gestión Del Riesgo De Desastres – UNGRD y la Corporación Autónoma Del Alto Magdalena – CAM, evidenciaron signos de socavación en la ladera, inclinación de la vegetación, amenaza sísmica, amenaza de origen geomorfológico, movimientos de masa y grietas en las viviendas; lo que indicaba un deterioro progresivo del terreno, posiblemente ocasionado por el nivel del agua en el embalse.
Sin embargo, dijo que, a pesar de estos hallazgos, la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales – ANL no ordenó a ENEL Colombia S.A. E.S.P., realizar los estudios necesarios para determinar si el riesgo es mitigable o no mitigable, ni han adoptado acciones concretas para garantizar la seguridad de los habitantes.
“Debido a toda esta situación las viviendas se nos han agrietado, este terreno está en constante movimiento y cada vez que cambian el nivel del agua de la represa nos afecta más, nosotros somos afectados directos, y nos vulneraron esos derechos, han hecho con esta comunidad lo que quisieron, nos dejaron en una situación inhumana, acá hay hambre, necesidades, los pescadores artesanales ya no encuentran que pescar”, argumentó la habitante de “La Cañada.
Riesgo de colapso
Ante el riesgo del colapso de las viviendas, la comunidad mencionada ha interpuesto 14 acciones de tutela en contra de varias entidades del Estado, en las cuales se les reconoció la vulneración de sus derechos fundamentales y se ordenó a la alcaldía de El Agrado realizar en compañía del Concejo Municipal, gestiones y estudios técnicos para verificar el riesgo que afecta a cada una de las viviendas de los accionantes, pero que los estudios ordenados en estas decisiones solo analizaron el estado estructural de las viviendas y no incluyeron evaluaciones completas de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo (AVR), lo que impedía una solución a la problemática.
Expuso que en la acción de tutela 0059 del Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, se protegió el derecho a la educación de los menores de edad y se ordenó a ENEL garantizar el transporte de la comunidad estudiantil, dado que la movilidad se ha visto afectada por el embalse. De igual forma, que ENEL implementó una solución temporal con un bus para los estudiantes, pero en la más reciente mesa de trabajo del 23 de enero de 2025, la comunidad propuso una solución definitiva mediante la construcción de un puente vehicular con acceso peatonal, propuesta que fue rechazada por ENEL bajo el argumento de que no era viable técnicamente.
Aprobación de estudios AVR
Con base en lo anterior solicitó que se ampararan los derechos fundamentales a la vida de los habitantes, los derechos humanos, la dignidad humana, vivienda digna, ambiente sano, derecho a la igualdad, derecho a la salud, confianza legítima, derecho a las garantías constitucionales, derecho a la propiedad, derechos de los campesinos, al principio de buena fe, derecho a la paz, de tener un núcleo familiar o unidad de familia, a la inclusión y no ser discriminados conforme a los tratados internacionales del pacto de San José, Convención Americana y al debido proceso; de los habitantes de la vereda de la Cañada del Municipio de el Agrado Huila, y en consecuencia que se les ordene a la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales – ANLA, a ENEL Colombia Empresa De Servicios Públicos S.A., a la Unidad Nacional Para La Gestión Del Riesgo De Desastres, al Departamento Del Huila, y al Municipio De El Agrado Huila, que se realicen los estudios de AVR de la ladera ZIN 15, para determinar si la comunidad se encuentra en riesgo mitigable o no mitigable y las demás actuaciones tendientes a preservar la vida y dignidad humana de la comunidad.
La comunidad de la vereda La Cañada ha venido padeciendo diversas afectaciones desde la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Asimismo, dichas afectaciones, de carácter geomorfológico, hidrológico y geológico, han impactado gravemente a los habitantes del sector, generando problemas de movilidad y deterioro de sus viviendas.
En ese sentido, según lo notificado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Garzón- Huila, LE ordenó a las entidades: municipio de El Agrado Huila, Departamento del Huila, ENEL Colombia S.A. – E.S.P., Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, Unidad Nacional Para La Gestión Del Riesgo De Desastres, y Corporación Autónoma Regional Del Alto Magdalena – CAM; que de manera mancomunada y en el marco de sus funciones y compromisos legales, en el término de seis (6) meses siguientes a la notificación del presente proveído, realicen el estudio de AVR – Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo de la ladera ZIN 15, determinando si la comunidad de La Cañada de El Agrado Huila, se encuentra en un área de riesgo mitigable o no mitigable; por lo que una vez tenido los resultados del estudio, de manera inmediata se dispongan las acciones administrativas, presupuestales y técnicas necesarias para la protección de las garantías fundamentales de los actores.
“Exigimos que vuelvan los ojos a esta comunidad, que se hagan responsables porque esta multinacional nos dejó en estas condiciones, si es de reubicarnos, que nos reubiquen, o que nos construyan unas casas dignas, porque estas casas están que se nos cae, la multinacional sigue haciendo su riqueza y nosotros en estas condiciones, es muy injusto, exigimos que, si ENEL no nos responde, que sea el Estado que nos respondan”, concluyo la presidenta de la JAC.
Por otro lado, Leyla Rincón, representante a la Cámara por el Huila ha estado muy pendiente de esta problemática y ha logrado que esta comunidad sea reconocida como afectados por el Proyecto Hidroeléctrico del Quimbo.
“Catorce tutelas que se han desarrollado, han salido con el fallo que establece la necesidad con suma urgencia de reubicar las familias, hasta tanto se decida si la zona es de riesgo mitigable o no mitigable. Fue preciso hacer tutelas para que se obligue a las entidades de desarrollar los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Ya tenemos el fallo donde establece que ANLA, la Unidad de Gestión del Riesgo, la Gobernación, la CAM y la Administración de El Agrado, garanticen la implementación de estos estudios AVR. Ese es un elemento fundamental precisamente para poder conocer las condiciones de la vulnerabilidad del territorio”, indicó Rincón.
Diario del Huila intentó comunicarse con la alcaldesa del municipio de El Agrado, María Nelfy Rincón para conocer qué acciones se han hecho desde la administración para ayudar a esta comunidad que lleva padeciendo esta problemática desde hace muchos años, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no fue posible la comunicación.
