La situación para los maestros en el departamento no es nada alentadora, la cifra reportada por la organización es más de 20 casos que han activado la ruta de amenaza, sin embargo, desde el magisterio indican que el subregistro podría ser más alto debido a los que no denuncian por miedo a represalias.
DIARIO DEL HUILA, HUILA
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez
La situación de orden público en el departamento del Huila continúa dejando graves secuelas en la vida de los ciudadanos. Una de las poblaciones más alarmantes, aunque poco visibilizadas, es la de los docentes que, en cumplimiento de su deber, se convierten en blanco de amenazas, extorsiones y desplazamientos forzados por parte de grupos armados ilegales.
La situación de seguridad en esta región es inquietante, el pasado mes de mayo del presente año se conoció sobre la noticia de desplazamiento masivo de cinco docentes del municipio de Colombia; entre estos el rector, quienes a través de panfletos fueron intimidados y obligados a salir desplazados del territorio, al parecer por parte de grupos armados que delinquen en la zona.
Las aulas tradicionalmente consideradas un espacio seguro de enseñanza se ha convertido en campo de riesgo para muchos docentes. Las intimidaciones, extorsiones y desplazamientos forzados protagonizan una lamentable lista que ya suma decenas de educadores afectados en lo que va del año.
Jan Jefferson Pacheco Quevedo, presidente de la Asociación de Institutores Huilenses – ADIH, dio a conocer que en el departamento se han registrado alrededor de 20 casos en lo corrido de este año, donde las autoridades han activado las rutas pertinentes con los docentes que son blanco de este flagelo, y eso, sin contar el subregistro que puede existir, con aquellos que por temor a represarías deciden no denunciar.
“Nosotros como magisterio en el caso de los entes territoriales tenemos que Huila es el más afectado, por decirlo de alguna manera, con esta situación de derechos humanos, donde más activaciones de ruta se han hecho en el transcurso de este año, luego lo sigue Neiva, son dos tres casos únicamente en Neiva que se han tenido, pero en el departamento del Huila superan un poco los 20 casos, en las activaciones de ruta, la dificultad que se tiene mayoritariamente tiene que ver con los conceptos que emite la UNP, la cual es la encargada de definir y valorar el nivel de riesgo de los maestros después de activar las rutas”, explicó Pacheco Quevedo.
Según el presidente de la Asociación de Institutores Huilenses – ADIH, la inmensa mayoría de estos conceptos o estas valoraciones no salen favorables al magisterio porque la situación que genera de riesgo o el hecho victimizante no se relaciona directamente con la labor del maestro.
“A modo de ejemplo, básicamente a nosotros nos tiene en cuenta si la amenaza que uno sufre tiene que ver con la función que realiza el maestro, si un docente denuncia un posible abuso sexual de un menor de edad y eso conlleva a que producto de esa denuncia haya la amenaza, la UNP entonces debe de valorar ese nivel de riesgo como extraordinario, y la situación, aunque tenemos algunos pocos casos de este estilo, la inmensa mayoría de los otros casos tienen que ver con otras situaciones que no dependen o no se relacionan directamente con la labor del maestro como tal y es una de las grandes dificultades que tenemos para que el maestro que activa la ruta, sale amenazado del territorio, pues lamentablemente después de la valoración de la UNP, siendo negativa, pues debe regresar al municipio, a la vereda o de donde salió producto de esta activación de ruta”, indicó el maestro.
Según el líder de la Asociación, lamentablemente la mayoría de amenazas no son producto de la labor del docente, como establece el decreto o la norma sino por extorsiones que reciben los maestros, por eso, ellos desde la entidad han logrado que algunos docentes que han sido amenazados no vuelvan al mismo territorio.
“Nos preocupa profundamente esa situación que se viene dando. Como organización hemos logrado que, a pesar de algunos conceptos de UNP, en algunos pocos casos los maestros no vuelvan al lugar donde salieron amenazados, pero sí es una preocupación que en este momento como organización nos asiste”, dijo Pacheco Quevedo.
Subregistro en las cifras por miedo a denunciar
En promedio, se reportan este año 2025 más de 20 docentes los cuales han sido amenazados, aunque la cifra podría ser mayor debido a un subregistro, de quienes no denuncian ser víctimas de este tipo de acciones debido al temor por las represalias.
Algunos casos incluyen extorsiones, lo que agrava el panorama, los hechos más recientes fueron los registrados en el municipio de Colombia donde cinco educadores debieron salir de las sedes educativas, y en el municipio de La Plata donde los docentes deben impartir la enseñanza a través de la virtualidad.
Desde la organización siempre han hecho un llamado a la autoprotección, debido que son escasas las garantías que les brindan directamente desde el Estado.
“De los protocolos, lo que uno siempre ha sugerido, es el tema de autoprotección, protocolos como tal es muy complejo, digamos, determinar un protocolo para este tipo de situaciones o de manera preventiva por decirlo, lo único que siempre decimos en el tema de la autoprotección, medidas de autoprotección, porque obviamente los hechos victimizantes son de diferentes móviles o causas”, sostuvo el presidente de la ADIH.
Según contó Pacheco Quevedo, el más recurrente es el que tiene que ver con delitos extorsivos en el marco de la situación compleja que vive el territorio, donde las mismas autoridades les han indicado que muchas de esas situaciones tienen que ver con delincuencia común.
“Llamadas desde las cárceles y demás, pero esto genera indiscutiblemente una sensación de inseguridad para el maestro porque recibe una llamada donde básicamente le están pidiendo un recurso y de lo contrario le dicen que tiene que salir del territorio. Entonces, eso para uno de maestro es muy difícil asumir ese tipo de situaciones sin saber realmente o tener la certeza plena quién lo está llamando a uno”, enfatizó el profesor.
Son varios los municipios afectados principalmente en la zona rural, entre los que se encuentran Saladoblanco, La Plata, Pitalito, Algeciras, Nátaga, Colombia, Baraya, Tello, Campoalegre, donde se conocen casos, pero muchos municipios no están siendo denunciados.
“Esto es un ejercicio de desplazamiento porque se les obliga a salir de su territorio, abandonar su familia, abandonar su cercanía, amistades y demás producto específicamente del liderazgo que están realizando, es la cifra que tenemos en términos de activación de ruta, pero lamentablemente el subregistro es más alto, porque como organización sindical también nos toca sentarnos a mirar y a valorar cada situación, se les expone al maestro cuál es la activación de ruta y hay maestros que deciden si interponen o no la denuncia”, reveló el líder sindical.
La educación de los niños se ve interrumpida
Cuando un docente debe abandonar su escuela, la calidad de la educación se ve comprometida. Estudiantes se quedan sin clases, se reubican maestros o se recurre a virtualidad en zonas sin buen acceso a internet.
El miedo genera rotación de docente, falta de continuidad pedagógica y desaliento entre los maestros que aceptan destino en zonas rurales, lo que afecta la equidad educativa.
“Les da temor precisamente que dentro de la activación de la ruta la valoración sea negativa y tengan que volver otra vez amenazados, o sea, salir denunciando una amenaza y retornar al territorio siendo amenazados. Hay un número importante de maestros que no terminan activando la ruta por eso, entonces estos maestros que no denuncian continúan en las instituciones educativas y estos casos se presentan en términos generales en gran parte el departamento, no podría indicar que más hacia un lado o hacia el otro, tenemos docentes de diferentes partes del departamento, sobre todo en zonas rurales”, indicó el presidente de la ADIH.
La educación rural del Huila, ya de por sí ha venido enfrentando retos de infraestructura, conectividad y recursos, suma este factor de inseguridad que agrava su vulnerabilidad.
Escaso apoyo del gobierno
Al respecto el líder expresó que a nivel departamental la Secretaría de Educación lo que ha hecho es cumplir con lo que está establecido en la ruta que es precisamente activarla y enviar a los maestros en comisión para aquellos que interponen la denuncia en Fiscalía.
“A nivel Nacional Fecode ha logrado avanzar en un acuerdo para la modificación del decreto 1782 del 2013 para poder establecer una conectividad entre delitos como la extorsión con el de la vida para que las valoraciones de riesgo de los maestros, desde luego se puedan tener en cuenta por parte de la UNP, hemos logrado nosotros en los comités de amenazados, porque tenemos un comité de amenazados, lograr traslados de maestros que aún la UNP dice, «No hay nivel de riesgo.» Pero teniendo los soportes, videos, fotografías y demás, le hemos dicho a la secretaria de educación, «Este maestro así la UNP diga que no hay nivel de riesgo, no puede volver al aula”, reveló Jan Jefferson Pacheco Quevedo.
Además, contó que gracias a estas gestiones realizadas desde la Asociación han logrado el traslado de cuatro educadores donde no salieron favorables por parte de la UNP, pero que la Secretaría si aprobó su cambio de institución.
“Hemos logrado el traslado de cerca de unos cuatro educadores en esos términos a través del comité de amenazados, a pesar de valoraciones no favorables por parte de la UNP, pero donde tenemos los elementos suficientes para demostrar que el nivel de riesgo del maestro es inminente”, concluyó el docente.
Docentes en medio del conflicto
Varios municipios del departamento del Huila se encuentran en medio de una grave crisis de orden público que impacta de manera significativa a los docentes, en especial aquellos que laboran en zonas rurales.
En la región los educadores han reportado ser víctimas de múltiples flagelos, entre los que destacan la extorsión y el desplazamiento forzado, sin embargo y a pesar de las alarmantes cifras, un 10% denuncian, los restantes no lo hacen por temor a represalias en su contra, y sus familias.
Frente al caso, el gobierno departamental a través de la Secretaría de Educación Departamental, ha señalado que, sin duda es alarmante la problemática que afecta a los maestros, y para ello se han realizado diversas reuniones con instituciones clave, como la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, con el propósito de abordar de manera efectiva los casos denunciados por los profesores para hallar soluciones que garanticen su seguridad.
Indican además que la situación de orden público ha generado una problemática adicional en la atención del servicio educativo en el departamento.
Este panorama de amenazas, extorsiones y desplazamiento, ha puesto en riesgo y han llevado a que muchas instituciones educativas enfrenten dificultades para operar con normalidad. En respuesta, se están diseñando acciones efectivas que busquen mitigar estos problemas, los cuales, según las autoridades, son provocados tanto por la delincuencia común y grupos armados al margen de la ley que afectan el orden público en el territorio.
Finalmente, la amenaza a los docentes en el Huila no solo es un asunto de seguridad individual, sino una herida al derecho fundamental de la educación. Garantizar que maestros puedan ejercer sin temor es esencial para que las aulas sean verdaderos centros de aprendizaje y no espacios de vulnerabilidad.
En este contexto, es clave que se refuercen los mecanismos de protección, se promueva la denuncia efectiva, se acompaña a las comunidades educativas afectadas y se garantice que la ruralidad no sea sinónimo de abandono ni de riesgo para quienes educan.
